El año pasado, en el Estado de México se iniciaron 367 mil 922 carpetas de investigación, lo que equivale a un promedio de mil 8 delitos diarios. Esta cifra coloca a la entidad entre las siete más violentas del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El informe también señala que el costo económico de la violencia en el Edomex fue de 627 mil millones de pesos, lo que representa un impacto de 34 mil 638 pesos por habitante. Este monto no corresponde al gasto público en seguridad, sino a las pérdidas sociales derivadas de delitos como homicidios, lesiones, extorsión, desplazamientos, y violencia de género, entre otros.
A pesar de estas cifras, las autoridades legislativas locales no han recibido informes consolidados de seguridad ni se han establecido mecanismos efectivos para fiscalizar el uso de los recursos públicos destinados a este rubro.
En 2024, el 87.3% de la población mexiquense reportó sentirse insegura. Aunque las estadísticas indican una disminución en homicidios dolosos (12.9 por cada 100 mil habitantes) y en el uso de armas de fuego, la violencia cotidiana sigue siendo elevada: 4 mil 024 delitos con violencia por cada 100 mil habitantes, 535.1 en violencia familiar y 233.7 en violencia sexual. Desde 2015, estos últimos han aumentado más del 250 por ciento.
El robo continúa siendo el delito más común, con más de 122 mil carpetas abiertas en un año. Esto representa una tasa de 2 mil 018.7 por cada 100 mil habitantes y un promedio de 334 denuncias al día. Las estrategias de seguridad se han enfocado en las zonas con mayor incidencia delictiva y en la ampliación del uso de tecnologías de vigilancia.
Si bien el informe también reporta reducciones en delitos como extorsión, narcomenudeo, secuestro y trata de personas, se identificó la operación de al menos seis grupos criminales de alto impacto en el Estado de México, incluyendo a La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Algunas voces dentro del Congreso local han señalado que el problema no radica en la falta de información, sino en la ausencia de voluntad institucional para actuar con firmeza contra la delincuencia organizada. También se ha cuestionado la falta de comparecencias del fiscal general ante el poder legislativo.
En materia de violencia de género, en 2024 se iniciaron 73 carpetas por feminicidio, 2 mil 679 por violencia de género en otras modalidades y 27 mil 976 por violencia familiar. Aunque el Estado de México cuenta con alertas por violencia de género, aún no se observan resultados contundentes en la prevención ni atención de este problema.
Las autoridades de seguridad han asegurado que su estrategia contempla el fortalecimiento del C5, campañas de prevención, redes vecinales y coordinación con municipios y el Poder Judicial. Sin embargo, reconocen que la percepción ciudadana sobre la inseguridad aún no mejora.
Expertos en seguridad han señalado que para recuperar la paz social es necesario un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, así como la participación activa de la ciudadanía. También destacan que las nuevas autoridades auxiliares deben desempeñar un papel relevante en la prevención del delito y en la construcción de comunidades más seguras a través de actividades culturales y sociales.
