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Van por legislación hacia escuelas patito

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Pachuca de Soto, Hidalgo.- Establecer sanciones a quienes impartan educación en cualquier tipo y modalidad, sin contar con la autorización correspondiente (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios [RVOE]); o en su caso, sin la carta de no inconveniencia para establecerse en la entidad emitida por la autoridad educativa local (SEPH), es el propósito de la iniciativa del diputado Julio Valera Piedras para reformar la Ley de Educación.

Indicó que en Hidalgo se establecieron escuelas particulares con el aparente reconocimiento otorgado por la federación, así como de otras entidades, a las que la autoridad educativa local no les concedió la carta de no inconveniencia.

Lo anterior, dijo, genera incertidumbre para las condiciones físicas de infraestructura, docentes con el perfil adecuado, calidad en el servicio y sobre todo de la validez oficial de estudios de los programas educativos con los que se forman actualmente los hidalguenses.

“La SEP federal de manera discrecional ha otorgado RVOE a diversas instituciones de educación superior que se han establecido en la entidad, sin la coordinación ni participación de la autoridad educativa estatal, esto sin que cuenten con la carta de no inconveniencia, ni mucho menos de la opinión de los órganos de consulta para la planeación y evaluación de los programas educativos para determinar su pertinencia en la entidad, incumpliendo con los acuerdos establecidos en el Convenio de coordinación antes referido”.

  

Por lo anterior, planteó que toda aquella dependencia e institución, distinta a la autoridad educativa estatal, que cuente con la facultad y desee expedir una incorporación o RVOE para operar en Hidalgo deberá solicitar previamente una carta de no inconveniencia a dicha autoridad local para su debida expedición.

Para el caso de solicitudes de autorización de uso de suelo y licencias de funcionamiento para la prestación de un servicio educativo, el gobierno municipal competente, previamente, deberá tomar en cuenta la opinión de la autoridad educativa estatal para su procedencia.

Por Daniel Martínez Martínez

  

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