Pachuca de Soto, Hidalgo.- Poco más de la mitad de las áreas de retención municipal, mejor conocidas como barandillas, cuenta con espacios separados para hombres y mujeres, mientras que 50 municipios carecen de circuito cerrado de grabación, de acuerdo con un reporte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), con el fin de verificar evidencias de alguna circunstancia a aclarar.
El reporte expone que en la recopilación de la información, visitadoras y visitadores acudieron a las barandillas de los 84 municipios de la entidad para corroborar el estado físico, funcionamiento, problemáticas y requerimientos necesarios para solucionarlas.
En el primer semestre del año, el organismo refirió que en los 84 municipios, 53 por ciento de los espacios de retención cuenta con áreas separadas entre hombres y mujeres, y refirió que en relación con el segundo semestre de 2015, disminuyó el número de barandillas con esa característica.
Respecto al sistema de circuito cerrado, 59 por ciento de las áreas de retención municipal no cuenta con ese tipo de tecnología.
La CDHEH menciona en el diagnóstico que en Atitalaquia, Mixquiahuala y Tepeji tienen en sus instalaciones cámaras de seguridad, sin embargo no guardan información y solo se utilizan para visualización en vivo.
Otros 10 centros de ese tipo sí poseen el equipo de videovigilancia, no obstante el personal a cargo desconoce el tiempo de grabación de los aparatos.
Un total de 10 barandillas más tienen circuito cerrado pero realizan grabaciones de menos de 30 días, entre ellos Mineral de la Reforma, Tula y Huejutla.
Los que tienen mayor tiempo de grabación, que llega a más de 30 días, son 11 municipios, lo que representa 13 por ciento del total de centros de retención municipales; en este rubro están Acatlán, Atotonilco el Grande, Calnali, El Arenal, Huautla, Mineral del Chico, Pachuca, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Tolcayuca y Tulancingo.
La CDHEH refiere que como parte de salvaguardar la dignidad como valor supremo de los derechos humanos de las personas, el servicio público que prestan los órganos de gobierno debe incluir espacios propicios para cumplir un arresto impuesto por la autoridad municipal, en consecuencia todas las presidencias municipales deben mejorar sus instalaciones.
Respecto al funcionamiento del circuito cerrado, expuso que es fundamental su supervisión permanente para verificar su utilidad.
Además debe verificarse que los archivos de las grabaciones sean resguardados por lo menos durante 60 días, tiempo que permite contar con evidencias trascendentales para aclarar cualquier circunstancia, lo cual debe brindar seguridad tanto a personas retenidas como a elementos encargados de su custodia, expone.
Por Daniel Martínez Martínez
