Valle de Tulancingo, Hidalgo.- La presencia de menores de edad vendiendo o pidiendo dinero en la vía pública sí debe tener seguimiento legal por parte de la Procuraduría estatal en Hidalgo de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
Lo anterior fue asegurado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Hidalgo, Guadalupe Alvarado García, respecto a posicionamiento de instancias de asistencia social a nivel municipal sobre el tema del trabajo infantil.
Funcionarios de dichas instancias, sobre todo los sistemas locales del DIF, han señalado que sólo pueden retener a los menores de edad por unas horas o días, hasta que se presenten familiares de estos a reclamarlos.
Los funcionarios municipales han señalado en su momento que no existe normativas legales para dejar al menor a resguardo en tanto se investigan las razones por las que trabaja, pide dinero o vende productos, sobre todo en la vía pública.
Alvarado García señaló que existe legislación para que se investiguen este tipo de situaciones y conductas y sean sancionadas en caso de ser necesario.
Agregó que los gobiernos municipales deben desarrollar los “Operativos Semáforo”, para la detección de los menores de edad en situación laboral, en base a las normativas y protocolos de Sipinna nacional.
Tras el resguardo del menor en situación de riesgo al estar realizando actividades en la vía pública, es cuando se debe emitir la denuncia ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia para el inicio de la investigación respectiva.
La funcionaria ha señalado que se han detectado casos donde padre, madre o tutor del menor trabajador está incluso a metros de este, por lo que sí existiría responsabilidad legal al respecto.
Las declaraciones fueron ofrecidas tras la apertura de las oficinas de Sipinna en Tulancingo, señalando que ya son 70 municipios en el estado de Hidalgo que ya cuenten con esta instancia.
En esta se llevarán a cabo acciones para garantizar la seguridad emocional, sicológica y física de las y los menores de edad, con trabajo coordinado con otras instancias municipales, estatales e incluso federales.
Por Daniel Martínez Martínez
