Tizayuca, Hidalgo.- El frente de comunidades de Tizayuca fijadas contra Valorsum reviró sobre el impacto ambiental y social que genera esa empresa, argumentó la contaminación a los mantos acuíferos y el gasto de grandes volúmenes de agua, además de que el aprovechamiento energético no es para la región; por su parte, la firma advirtió de varios permisos ambientales con los que cuenta.
El frente ciudadano está compuesto por pobladores de las comunidades de Temascalapa, Zumpango, Zapotlán y Tizayuca.
El representante jurídico de la empresa recicladora José Pérez Abuin comunicó que el valor económico y ambiental supera a las voces de oposición que desde el año pasado piden el freno al proyecto; además, puntualizó que eligieron a la entidad para demostrar el alcance de esa nueva tecnología que busca valorizar los residuos sólidos, ya que Hidalgo debe priorizar el tema.
Por su parte, el frente comentó que en uno de los estudios mostrados por la empresa, que realizó la UNAM, la misma institución certificó que si bien el estudio es viable, no es específico para el municipio, pues fue realizado de manera general para la megalópolis; asimismo, agregó que utilizarán grandes cantidades de agua y ese costo ambiental es muy alto.
Igualmente, indicaron que la empresa liberará sustancias que son nocivas para las personas, de ahí que siga en pie su postura para frenar la instalación de la empresa que busca administrar y tratar los residuos sólidos de la basura de esa región.
Por su parte, la empresa reiteró que no admitirá materiales tóxicos ni nocivos, únicamente será la basura orgánica y residuos como papel, acero y plástico, además de que el manejo de todas las sustancias está por debajo de las normas internacionales.
Entre las acreditaciones están las normas 040 para los hornos de cemento, la 098 para incineradores y la 085 de fuentes fijas; entre las internacionales cuentan con la certificación de la Environmental Protection Agency, institución estadunidense encargada de proteger la salud humana y el medio ambiente: aire, agua y suelo; y la Waste Incineration Directive, que es el similar para los países europeos.
Otro de los argumentos es que el uso de energía eléctrica a bajo costo significa que la empresa dará facilidades a otras plantas para utilizar electricidad más barata; no obstante, piensan que ese beneficio no es para toda la población, además de que refieren que el valor de viviendas y propiedades cercanas a las plantas bajará considerablemente.
Hasta el momento, la instalación de la empresa está en pausa, pero Pérez Abuin adelantó que en breve podrían reactivarla.
Por Daniel Martínez Martínez
