Pachuca de Soto, Hidalgo.- Activistas de colectivos feministas llevaron a cabo manifestación frente a la sede de los juzgados familiares del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en Pachuca, para exigir que las denuncias por violencia vicaria se atiendan con perspectiva de género y existan reformas secundarias para sancionar la violencia vicaria.
Lo anterior señalando que la reforma realizada hace menos de dos semanas por el Congreso del Estado de Hidalgo fue incompleta, y por tanto sus alcances e impacto legal es limitado.
La concentración de activistas y víctimas formó parte de las protestas a nivel nacional que buscan tipificar como delito dicha violencia, en el cual se atenta en contra de los hijos e hijas o seres queridos de una mujer con la finalidad de dañarla o manipularla, y fue realizada en el marco del Día de la Lucha Contra la Violencia Vicaria.
El pasado 2 de mayo de 2022, diputados locales aprobaron una reforma al Código Penal de Hidalgo para tipificar la violencia vicaria que se ejerce sobre los hijos o cualquier otra persona con un lazo familiar o afectivo como venganza por parte de una pareja sentimental.
La reforma aprobada se incluyó en el apartado de “Violencia Familiar” del artículo 243 Bis del Código Penal de Hidalgo y se suma a la violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial.
De acuerdo con lo establecido en dicho numeral, los tipos de violencia antes referidos serán sancionados de uno a seis años de prisión, multa de 50 a 100 días.
En caso de que la víctima sea menor de edad, incapaz o persona mayor de sesenta años, se aumentará en una mitad la pena que corresponda.
Al respecto, Haidee Franco, una de las líderes de la protesta, lamentó que la legislatura no tomara en cuenta a las víctimas hidalguenses para concretar las reformas, por lo que se solicitó al Congreso del Estado de Hidalgo que se realicen mesas de trabajo mediante un Parlamento Abierto para conocer el sentir de cada víctima y construir en conjunto las modificaciones a la ley para castigar a quienes ejercen violencia vicaria.
Señaló además que jueces y magistrados del Poder Judicial de Hidalgo ejercen violencia institucional al dictaminar a favor de los agresores de violencia vicaria, por lo que solicitó que los casos existentes, que son alrededor de 14, y los que se presenten sean atendidos con perspectiva de género.
Por Daniel Martínez Martínez
