- García Ramírez explicó a los presentes en el evento lo que es la prisión preventiva y arraigo, que dijo, debe ser racional y necesaria.
En el 30 aniversario de la CODHEM, estuvo presente Sergio García Ramírez presentó su ponencia sobre temas magistrales, que lleva el nombre: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tzompaxtle Tecpile y Otros Vs. México”.
Previo al inicio de la ponencia, el magistrado recordó ante la audiencia presente que hace muchos años estuvo en el estado de Texcoco, trabajando en una encomienda penitenciaria, abriéndole los brazos para formarlo como profesional, y también como ser humano.
García Ramírez habló y explicó lo que es la prisión preventiva y arraigo, que dijo, debe ser racional y necesaria.
En palabras del ponente, la Corte condenó al Estado mexicano por la emisión y aplicación del arraigo y la prisión preventiva, es decir, se cuestionó el orden jurídico procesal mexicano desde el peldaño constitucional mismo, no sólo por los abusos cometidos al aplicarlo.
Todo esto luego de que, a finales de 2022 el Estado mexicano perdió un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría tener repercusiones muy relevantes para el México. El caso trata sobre la violación de derechos humanos en un proceso penal, algo recurrente en nuestro país.
Se dictó sentencia sobre un caso contencioso en México que ha motivado numerosos comentarios, el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, identificación que se hace, como es costumbre, a partir de los apellidos de una de las víctimas de graves violaciones analizadas por el Tribunal de San José. Aquellas son los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, además de familiares de éste.
La sentencia fue notificada al gobierno de México el 27 de enero de 2023. Este asunto merece los comentarios que ha suscitado y otros que seguramente llegarán, determinados por la importancia y trascendencia que reviste dentro de la jurisprudencia interamericana y para el orden jurídico mexicano.
Sergio García puntualizó que, el denominado “arraigo”, en procedimientos penales se entiende como una medida restrictiva de la libertad del presunto responsable de un hecho delictuoso, y la “prisión preventiva oficiosa” en el curso de esos procedimientos, mismo que también afecta la libertad personal antes de que se dicte sentencia contra el imputado, a quien nuestra Constitución protege, paradójicamente, con una “presunción de inocencia”.
Cabe destacar que, en nuestra Constitución existen elementos que permiten la violación grave de derechos humanos, como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, lo cual podría ser uno de esos factores externos capaces de movernos, si es que decidiéramos acatar sus consecuencias.
