El Congreso solicitó a las 125 alcaldesas y alcaldes informen avances en el cumplimiento de dicho precepto.
Por unanimidad, el Congreso mexiquense solicitó a las y los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos informen el avance del cumplimiento del decreto 126 de la LXI Legislatura, que busca garantizar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de la secretaría, tesorería, de las unidades administrativas, y organismos auxiliares de los ayuntamientos.
En sesión deliberante, la diputada Isabel Sánchez indicó que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y el Instituto Electoral, ambos de la entidad, entregaron distintivos a ayuntamientos con gabinetes paritarios donde solo 15 de los 125 municipios fueron reconocidos por cumplir el principio de paridad, lo que da cuenta del retraso en el cumplimiento de dicho decreto.
La legisladora recordó que el decreto 126 contiene las reformas para garantizar la paridad de género en la administración pública municipal impulsadas por diputadas locales, por lo que se les solicita a las y los alcaldes remitir información a la Legislatura sobre el cumplimiento de este principio en un plazo no mayor de 30 días a fin de conocer el avance real en esta materia y los motivos que han impedido su cumplimiento.
La participación política de la mujer, apuntó la legisladora, es una cuestión de legitimidad democrática, pues una representación plural y diversa puede generar soluciones innovadoras y eficaces para responder a las necesidades de la población y, en este contexto, la reforma a la Constitución Política del país de 2019 denominada “Paridad en todo” constituye una de las máximas manifestaciones constitucionales sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso y ejercicio del poder público.
En la práctica, continuó, esta reforma significa que se debe asegurar que el número de mujeres y hombres que ocupan cargos públicos, incluyendo los de elección popular, sean iguales o muy cercanos en número. Esta reforma busca eliminar la discriminación de género en la participación política y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
