Molango de Escamilla, Hidalgo.- Seis pobladores de la comunidad Ixcotla, Molango, que mantenían cerrada la carretera estatal Tlaxcango-Naopa, contra operaciones de la minera Autlán, fueron vinculados a proceso por ataque a las vías de comunicación y ultrajes a la autoridad; sin embargo, solicitaron la suspensión condicional del proceso y permanecerán en libertad, además, ofrecieron una disculpa pública.
En audiencia pública de la causa 1320/2022, la jueza de control Karina Vertiz Marín resolvió que existieron datos de prueba como dictámenes fotográficos, médicos y declaraciones de policías estatales que indican la responsabilidad de los pobladores Aleyda, Reina, Hugo, Federico, Arturo y Antonio, oriundos de Ixcotla.
Luego de la vinculación a proceso que este miércoles 19 de octubre, los imputados solicitaron una suspensión consistente en cumplir con condiciones y ciertas actividades para después sobreseer el asunto; por lo que los vinculados durante un año tendrán que hacer servicio social, no portar armas y se comprometieron a no volver a realizar manifestaciones similares.
El pasado 15 de octubre, cuatro hombres y dos mujeres fueron arrestados en Molango y trasladados a la capital de Hidalgo por la policía estatal, quien desalojó un bloqueo que mantenían los pobladores en el acceso al tajo Naopa, de la compañía Minera Autlán, empresa propiedad de Juan Antonio Rivero Larrea.
Por estos hechos, el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo les imputó el delito de ataques a las vías de comunicación señalando que cerraron el paso de la carretera Tlaxcango-Naopa con piedras, lonas e incluso un campamento, lo que impidió el uso de esa vía de comunicación.
Además, fueron señalados de ultrajes a la autoridad, luego de que policías estatales llegaron en 15 patrullas al lugar de los hechos para retirar el bloqueo y se negaron a levantarlo, iniciando agresión hacia los uniformados.
A la pobladora de nombre Reina, la acusaron de lanzar una piedra a una policía, mientras que a Aleyda la señalaron de manotear, a las dos les imputaron agresiones verbales.
Mientras que a Hugo, Federico, Antonio y Arturo, los acusaron de golpear a los elementos de seguridad y amenazarlos con machetes de 40 a 60 centímetros de largo.
Luego de la resolución, el abogado de los imputados, Pedro Hernández, solicitó a la jueza la suspensión condicional del proceso. Es decir, enlistó una serie de propuestas que permite la libertad de los imputados bajo una serie de condiciones que tendrán que cumplir en un plazo de un año, si incumplen, se revocaría el beneficio y continuaría el proceso de la causa 1320/2022.
La solicitud fue avalada por la jueza, quien dictaminó que los pobladores no deben acercarse a los policías que fueron víctimas y pagar los gastos médicos si es que así lo solicitan los elementos de seguridad.
También tendrán que firmar periódicamente en Unidad de Medidas Cautelares, realizar servicio social en alguna institución pública de Molango, no portar armas y someterse a un tratamiento psicológico por supuestos ataques de ira, todo lo anterior por un plazo que vence el 23 de octubre de 2023.
Si cumplen las condicionantes, su proceso penal sería sobreseído y no tendrían antecedentes penales. Sin embargo, la jueza también estableció que debían ofrecer una disculpa pública y la garantía de no repetición de participar en algún ilícito.
Redacción Ultra Noticias Hidalgo
