- Sanciones son usadas contra personas LGBTTTI+.
9 de cada 10 Ayuntamientos en el Estado de México prevén sanciones contra “la moral y las buenas costumbres”, las cuales son empleadas como herramientas para violar los derechos de la población LGBTTTI+, ello de acuerdo con el informe de “Análisis de protección de las personas LGBTTTI+ en los Bandos Municipales del Estado de México 2022”, presentado por la asociación civil, Fuera del Clóset.
El documento detalla que, en 31 municipios, es decir, el 24.8 por ciento del total de la entidad, los castigos bajo estos preceptos contemplan arrestos hasta por 36 horas, mientras que en 45 se prevén multas que pueden alcanzar los 9 mil 700 pesos. Asimismo, en 50 bandos se sancionan las prácticas calificadas como erótico-sexuales en la vía pública, aunque en la mayoría de los casos no se acrediten fehacientemente dichas acciones.
Fuera del Clóset considera en su análisis que los peores ordenamientos en la materia se encuentran Amatepec, Atenco, Axapusco, Chiautla, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Jilotepec, Jiquipilco, Morelos, Ocoyoacac, Otzoloapan, Tianguistenco, Tlatlaya, Tonatico, Xonacatlán, Zacazonapan, Zumpahuacán y Zumpango, al referir “faltas a la moral y las buenas costumbres” y ningún tipo de protección o garantía a los derechos humanos de la población LGBTTTI+.
Por otra parte, la investigación indica que solamente tres Ayuntamientos (Cuautitlán Izcalli, Toluca y Juchitepec) no consideran sanciones relacionadas con lo anterior, al mismo tiempo que contienen una alta protección legislativa hacia los derechos humanos de la población LGBTTTI+, aunque no necesariamente implique que éstos sean respetados por las autoridades.
Además, en solo nueve municipios se cuenta con una área especializada y reconocida formalmente en su reglamentación para la atención a la diversidad sexual y de género: Acolman, Calimaya, Coacalco, Ecatepec, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tequixquiac y Valle de Chalco; en 36 Ayuntamientos, las labores se centran en otras dependencias, como las Defensorías Municipales de Derechos Humanos, los DIF municipales o los Institutos de Protección para las Mujeres.
