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Considera CNDH excesivos algunos cobros municipales

Pachuca de Soto, Hidalgo.- Debido a que las Leyes de Ingresos del 2020 correspondientes a 73 municipios hidalguenses y aprobadas por el Congreso local, exhiben cobros injustificados o excesivos para el acceso a información pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad 104/2020 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la demanda también señalan vulneraciones a la seguridad jurídica, garantías de legalidad y proporcionalidad tributaria por parte de 79 demarcaciones para la percepción por concepto de energía eléctrica.

Las referidas normativas fueron avaladas por el Congreso local y publicadas por el Poder Ejecutivo estatal el 31 de diciembre del 2019, específicamente la CNDH consideró que en los artículos 10 y 35 hubo violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad en las contribuciones, así como el principio de gratuidad en el acceso a la información.

El documento menciona que 73 ayuntamientos muestran montos desmedidos para la reproducción de información pública en copias simples, impresiones, discos compactos y por digitalización en dispositivos magnéticos, aspecto que contradice las disposiciones sobre el derecho de acceso a datos, pues agregar una condición adicional para ejercer dicha prerrogativa, cuando no está prevista constitucionalmente ni tiene una base en la ley general, significaría un obstáculo para el particular que presente una solicitud.

Además, abunda en que las alcaldías establecieron en el artículo 35 de las citadas leyes, cobros distintos e injustificados por impresiones y copias, aunque sean los mismos materiales empleados para su reproducción, «por lo tanto, vulneran el derecho de acceso a la información, así como los  principios de gratuidad en el acceso a la información».

Sobre los pagos por alumbrado público, puntualiza que la norma impugnada en el artículo 10 de las Leyes de Ingresos 2020 de 79 cabildos, vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica y las garantías constitucionales de legalidad, además de proporcionalidad tributaria, ya que establecen una contribución formalmente denominada derecho, pero cuya naturaleza material, a partir del hecho imponible y la base gravable, pareciera un impuesto por el cobro de energía eléctrica.

«En el caso concreto se advierte que el legislador hidalguense consideró como elemento determinante para el establecimiento de la cuota del derecho, además del consumo de energía, el tipo de los predios y su falta de registro ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En esa virtud, las normas controvertidas también son desproporcionadas porque no atiende al costo real del servicio proporcionado por el municipio, sino al destino de la propiedad y a su extensión territorial».

Por ello, la CNDH solicitó a la corte en su demanda que eventualmente vincule al Poder Legislativo para que en lo futuro se abstenga de expedir normas en el mismo sentido.

Por Daniel Martínez Martínez

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