Los integrantes del Colectivo en Defensa de la Economía Popular, anunciaron marcha en contra del alza al transporte para el próximo domingo.
Al condenar el resultado de las negociaciones entre el gobierno estatal y los concesionarios del transporte público, el activista Hilario Gallegos, anunció que la marcha tendrá lugar el próximo domingo a las 11:00 horas en el Gallito para partir al Zócalo capitalino.
Ante ello, advirtió que el gobernador Miguel Barbosa debe recordar que llegó al poder por el apoyo de la lucha ciudadanía por lo que debe actuar en consecuencia y en vez de lastimar la economía popular, debe protegerla.
“Condenamos que el gobierno de Luis Miguel Barbosa haya priorizado los bolsillos de los transportistas, sobre el del resto de los poblanos; con este aumento abusivo a la tarifa, una familia de cuatro personas podría gastar más de 2 mil pesos mensuales, sólo para trasladarse a la escuela o a sus centros de trabajo, lo cual representa el 70 por ciento de su ingreso mensual, si consideramos que el salario mínimo se ubica en 102 pesos diarios”.
Además, al considerar que el alza de la tarifa, atenta contra el derecho al libre tránsito y transporte accesible, anunció que el movimiento interpondrá una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la Secretaría de Transporte estatal por autorizar el incremento a la tarifa, “de manera ventajosa a favor de los transportistas”.
Asimismo, proponemos la asimismo, anunció la creación de la Asamblea Popular contra el Tarifazo en Puebla, que tendrá como principal objetivo buscar que se revierta el incremento de golpe de los 2.5 pesos al pasaje.
Finalmente, propusieron que el aumento a la tarifa sea de manera paulatina “en los próximos cinco años que restan del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, con un incremento anual de 50 centavos”.
Además, señaló que el incremento sea a la par del cumplimiento de los compromisos del gremio transportistas, pues hasta la fecha no existe ninguna cláusula en el acuerdo publicado en el Diario Oficial del Estado que obligue o sancione a los concesionarios si incumplen con mejorar el servicio en los próximos 120 días.
