Pachuca de Soto, Hidalgo.- Integrantes de cooperativas y empresas aliadas a la cementera La Cruz Azul, se manifiestan en el Congreso del estado de Hidalgo, para exigir la reapertura de la planta productora, ubicada en Tula de Allende.
Señalaron que el cierre de actividades, que ya se extiende desde hace varios meses, ha afectado a su vez los ingresos de las empresas aliadas y proveedoras.
Se trata de empresas y cooperativas de la región que proveen a la cementera de piedra caliza, arcilla, puzolana, yeso, además de ser prestadores de los servicios de jardinería, soldadura, transporte y carga.
Los manifestantes señalaron que son alrededor de cinco mil familias que dependen de la actividad de la cementera las que están afectadas, al no contar desde hace varios meses con ingresos económicos suficientes.
Por lo que exigieron la intervención del gobierno del estado de Hidalgo para retomar las actividades productivas.
El cierre de la planta cementera de la Cruz Azul se deriva de un juicio aún en curso, para determinar a quién corresponde la administración de la empresa.
“Sabemos que ya hay una resolución de la ley, pedimos que se aplique, pues las autoridades saben bien quién tiene la razón. Que se entregue la cementera a quien la mayoría decidan”, señaló uno de los manifestantes.
El conflicto se ha extendido por dos años y tres meses, lo que implica que las instalaciones de la empresa cooperativa estén sin actividad, pues además “todavía retenida por algunas personas que eran socias y que derivado de su conflicto, no la han liberado y eso nos afecta pues no podemos desarrollar nuestra actividad”.
Lo anterior fue expresado por Fernando Cruz, representante de la Cooperativa Juárez, una de las afectadas con el cierre de La Cruz Azul, por las pérdidas económicas que se han generado.
El empresario dijo que ya hay resoluciones y sentencias que reconocen a Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidente del consejo de administración de La Cruz Azul.
Por ello, piden que también, el gobierno de Hidalgo haga ese reconocimiento y desconozca a las personas que mantienen tomada la planta.
Sólo la planta ubicada en Hidalgo está sin actividad, por lo que las restantes, en Puebla, Aguascalientes, Oaxaca y la Ciudad de México, realizan sus actividades sin problema alguno.
En tribunal del Congreso local, la diputada local Tania Valdez Cuellar, presentó un exhorto a los demás diputados y al gobierno del estado para coadyuvar en dar una solución social a este conflicto, que mantienen afectadas a varias familias de la entidad.
Además, las diputadas Lisset Marcelino, Citlali Jaramillo y Tania Valdez, fueron quienes atendieron y escucharon a los manifestantes.
Por Daniel Martínez Martínez
