El Senado de la República, aprobó el miércoles pasado la Ley de responsabilidades administrativas, con la que funcionarios públicos podrán ocultar su declaración patrimonial, fiscal y de interés con la premisa de proteger su vida privada. Así, la Cámara de Diputados revalidó esta Ley, dejando de lado los intereses de los más de 600 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa.
Ante lo ocurrido en el Senado de la República, organizaciones sociales exigieron a los diputados que fuera modificado el artículo 29, que permite ocultar la información, y aprobaran la ley 3de3 como se había establecido por los ciudadanos, donde se pide máxima publicidad de las tres declaraciones con el formato de la plataforma ciudadana 3de3.
Pese a las exigencias y manifestaciones de inconformismo, 228 votos del PRI, PVEM y PANAL en contra de la modificación, sirvieron para no lograr cambios. Sumado a esto, el interés de los diputados fue marcado por la ausencia de 63 de ellos, lo cual repercutió en los resultados de la votación.
Aunque con los votos del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano se alcanzaban un total de 209 a favor, también hubo ausencias de su parte, mismas que influyeron en el resultado final.
De esta manera, los diputados rechazaron la modificación del artículo que permitía esclarecer las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés y que fue propuesta por organizaciones civiles y apoyada por más de 600 mil ciudadanos.
Siendo así, las declaraciones serán públicas, pero a medias, es decir, serán públicas “excepto los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
Mientras tanto, los empresarios sí deberán publicar su 3de3 puesto que la propuesta para modificar el artículo 32, referente a la obligación de los particulares que reciban recursos públicos para publicar su 3de3, también fue descartada.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su descontento durante la manifestación realizada en el Ángel de la Independencia el pasado jueves.
El artículo 32, avalado por el Senado de la República y ratificado por la Cámara de Diputados, establece que deberán presentar su declaración patrimonial, fiscal y de interés “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”.
Además, este jueves fue aprobada la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin cambios. Así, estas dos leyes adjuntas a la Ley de responsabilidades administrativas, fueron ya enviadas al Poder Ejecutivo para ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y próximamente entrar en vigor.
Con información del portal de noticias Animal Político
