Por Violeta García
El secretario de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla, Francisco Sánchez González, admitió de manera pública que persiste una conducta de renuencia por parte de algunos presidentes municipales para destinar inversiones económicas suficientes en sus corporaciones policiales locales. El funcionario de seguridad advirtió que esta omisión administrativa podría generar que dichas demarcaciones municipales queden excluidas de la asignación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) de cara al siguiente año fiscal.
Sánchez González explicó que las reglas de operación federales del Fortamun estipulan de forma obligatoria que un porcentaje preferente de los recursos asignados debe aplicarse de manera estricta en el equipamiento, capacitación, homologación salarial y certificación de control de confianza de los agentes municipales. El secretario argumentó que los alcaldes que desvían las partidas presupuestales hacia rubros de gasto corriente o proyectos de obra pública ajenos a la seguridad vulneran el estado de fuerza necesario para la contención delictiva en la entidad.
La dependencia estatal realiza un monitoreo periódico sobre los estados financieros de las tesorerías municipales para evaluar el nivel de cumplimiento de las metas físicas acordadas en el seno de las mesas del Consejo Estatal de Coordinación de Seguridad Pública. Las supervisiones técnicas indican que la carencia de armamento regulado, la falta de patrullas vigentes y el déficit de policías certificados se concentran de forma prioritaria en municipios de menor densidad demográfica del interior del estado.
La advertencia de la SSP busca que los cabildos de los ayuntamientos poblanos reorienten sus presupuestos de egresos ordinarios en los meses restantes del presente ejercicio fiscal para evitar la parálisis de los subsidios federales. Francisco Sánchez González concluyó precisando que el Gobierno del Estado no solapará omisiones técnicas institucionales que demeriten la estrategia general de paz pública, instando a los alcaldes a asumir la responsabilidad legal de la protección ciudadana de forma verificable.
