El alcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez puso en duda la legalidad del decreto que emitió el gobierno del Estado, para asumir la seguridad, y lo acusó de omisión por no brindar apoyo para combatir a la delincuencia.
Violeta García Rojas
A unas horas de que la Fiscalía General del Estado, detuvo al director de Gobernación, Antonio Ávila Cruz y a Sandra López Olvera, encargada del C2, durante la sesión de cabildo, el presidente municipal en un mensaje que se distribuyó a través de las redes sociales, dijo que no está en contra de las investigaciones que realizan las autoridades, siempre y cuando estas se realicen con apego a la ley.
A 13 días de que el Gobierno del Estado asumió el control de la seguridad en San Martín Texmelucan por la incapacidad del estado de fuerza para proteger a las personas y sus bienes, Núñez Ramírez, dudo de la legalidad del Decreto y acusó al gobierno estatal y federal de omisión.
Señaló que el 2 de mayo cuando fueron tomadas las oficinas de tránsito y policía municipal, en forma sorpresiva, duda de legalidad porque el operativo se ejecutó a las 7 horas y después de las 13 horas fueron notificados.
“El cateo se realizó sin orden, el personal de policía, vial, tránsito, guardias ciudadanos y administrativo fue obligado a someterse y trasladado a diferentes áreas gubernamentales”.
El edil acusó al gobierno estatal y federal de omisión, tras presentar 60 oficios girados a las autoridades, para que les otorgaran la ayuda suficiente para atacar a la inseguridad y delincuencia organizada.
[De interés: Funcionarios municipales de Texmelucan son investigados por la Fiscalía: Gali Fayad]
Una vez más el presidente municipal afirmó que las familias no están solos, y consideró de injusto e ilegal que hayan detenido a policías que arriesgaron su vida en acciones para combatir a la delincuencia.
