La carpeta de investigación fue iniciada contra cuatro ex funcionarios municipales, incluido el ex alcalde.
La carpeta de investigación iniciada en contra del ex presidente municipal de Tulancingo, Julio Soto Márquez, y otros tres ex colaboradores suyos, tiene como objetivo el atender una recomendación por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), y no privar al señalado de sus aspiraciones político electorales.
Así lo afirmó el contralor municipal, Alejandro Tenorio Pastrana, durante conferencia de prensa la mañana de este viernes en presidencia municipal.
Aseguró que desde el pasado finales del 2016 y todo el 2017, se brindaron todas las facilidades a la administración anterior para que ésta pudiera solventar todas las irregularidades detectadas en obras y acciones.
Reconoció que, aunque cambien los titulares de las diferentes áreas de la administración, la responsabilidad continúa en aquellos que ejercieron presupuesto público.
Tenorio Pastrana informó que se llevaron varias reuniones previas con el ex alcalde y ex funcionarios, donde incluso se realizaron minutas de trabajo, sin que alguna de ellas haya sido firmada bajo protesta.
“El pasado 26 de octubre de 2016 dimos un listado a la administración anterior, de qué irregularidades se presentaban”, señaló el funcionario.
Sin embargo, detalló que después de cierto tiempo, los trabajos de la auditoría superior del estado llegan a revisar al municipio y empatan algunas observaciones a la administración precedente.
Al recibir las observaciones por parte de ASEH, el municipio adquirió una responsabilidad y en consecuencia tiene que actuar de alguna forma, motivo por el que iniciaron una carpeta de investigación ante el ministerio público el pasado 15 de diciembre, para deslindarse de las observaciones.
“De lo contrario, nosotros nos convertiríamos en los responsables de acciones que no fueron en nuestra gestión”, subrayó.
El titular jurídico del municipio, Abdiel Camacho, detalló que en la carpeta de investigación están señalados, además del ex presidente municipal, el ex secretario de Seguridad Ciudadana, de Obras Públicas y de Finanzas, además de quien resulte responsable por los señalamientos correspondiente.
Señaló que los faltantes tienen que ver con expedientes técnicos de obra, expedientes de pagos en tesorería, así como la falta de un vehículo en la dirección de Seguridad Pública.
“No es una situación política, esto es técnico y está documentado para poder respaldar lo que estamos comentando”, remató el contralor.
Finalmente, sin especificar montos, detallaron que de las 150 obras y acciones faltantes de solventar por parte de la administración anterior, fueron finalmente 13 las señaladas por la Auditoría.
Cabe recordar que el pasado jueves, Julio Soto Márquez fijó su posicionamiento por la denuncia que el municipio inició en su contra, por presuntas irregularidades en su administración; lo que el ex alcalde calificó como una intención por parte del gobierno de Fernando Pérez, de obstaculizar sus derechos político electorales, ya que quiere ser diputado local por MORENA.
