El nuevo minisalario genera pobreza pues se ubica casi $7 pesos por debajo del costo de la canasta básica para una persona
La decisión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de incrementar en 8.32 pesos el monto del minisalario a partir de diciembre nuevamente viola la Constitución y condena a los trabajadores de menores ingresos a vivir en pobreza.
El nuevo monto es totalmente insuficiente porque no cubre siquiera el costo de la canasta básica para una persona. El incremento de este año debió ubicarse al menos en $95.24 tal y como lo propuso la COPARMEX.
El monto fijado es insuficiente “para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover a la educación obligatoria de los hijos” como dice el artículo 123 de la Constitución.
El salario mínimo no puede ubicarse por debajo del umbral usado por CONEVAL para medir la pobreza. El costo de la canasta básica para una persona es un límite mínimo, indispensable, el monto del salario mínimo debe estar por encima de ese monto. Y gradualmente debe llegar al monto suficiente para una familia.
Por ello desde la sociedad civil reiteramos la propuesta de hacer la recuperación gradual del valor del salario mínimo, iniciando por ubicarlo por encima del costo de la canasta básica.
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, formada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, exige al gobierno:
- Nueva revisión del monto para ajustar el salario mínimo al costo de la canasta básica a partir del inicio de 2018.
- Iniciar la Recuperación Gradual del Salario en abril de 2018, para que sea suficiente para que quienes trabajan no vivan en pobreza, con un plan multianual de ajuste hasta alcanzar el nivel previsto en la Constitución.
Solicitamos al Congreso legislar para desaparecer la actual Comisión Nacional de Salarios Mínimos y crear un órgano con capacidad técnica, transparente y con gobernanza democrática, que se apegue a los principios constitucionales
Exhortamos a las entidades de control de legalidad constitucional como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a actuar en el marco de sus atribuciones para evitar esta nueva violación flagrante a la Constitución.
