El Gobierno de México enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma para posponer hasta 2028 la elección de jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial federal y de los estados, incluido Hidalgo, proceso que originalmente estaba previsto para 2027.
Durante la conferencia matutina de este lunes, la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca evitar la carga operativa y presupuestal que implicaría realizar de manera simultánea las elecciones ordinarias y la renovación del Poder Judicial el próximo año.
La propuesta contempla mover la jornada electoral del 6 de junio de 2027 al 4 de junio de 2028, tanto para los cargos judiciales federales como para los locales. Posteriormente, las elecciones continuarían realizándose de manera concurrente con otros procesos electorales.
De aprobarse la reforma por el Congreso y los congresos estatales, en 2028 se renovarán cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de cientos de magistraturas y juzgados federales y locales en distintas entidades del país.
Según lo expuesto por Luisa María Alcalde, también se plantea la creación de una Comisión Coordinadora que permita homologar criterios y mecanismos de evaluación para quienes aspiren a cargos judiciales, así como supervisar el cumplimiento de requisitos y realizar sorteos obligatorios para definir candidaturas.
Otro de los puntos considerados es reducir el número de aspirantes en las boletas, dejando únicamente a los perfiles mejor evaluados para cada cargo, además de simplificar el diseño de las papeletas para facilitar el voto ciudadano.
La iniciativa también prevé que quienes resulten electos sean sometidos a evaluaciones de desempeño durante su primer año de funciones y reciban capacitación constante por parte de los órganos disciplinarios correspondientes.
Asimismo, se propone que las elecciones judiciales puedan desarrollarse en las mismas sedes que los comicios ordinarios, aunque con medidas para evitar la intervención de representantes partidistas en este proceso.
En caso de fallecimiento, renuncia o destitución de jueces y magistrados, las vacantes permanecerían sin ocuparse hasta la siguiente elección judicial.Para Hidalgo, esta sería la primera ocasión en que se elegirían por voto popular integrantes del Poder Judicial estatal.
Actualmente, el organismo está conformado por 18 magistradas y magistrados, incluida su presidenta, Rebeca Aladro, además de 110 jueces distribuidos en 17 distritos judiciales.La reforma también contempla la integración del nuevo Órgano de Administración Judicial en la entidad, instancia que sustituirá al Consejo de la Judicatura y que estará conformada por cinco integrantes.
Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ya habían advertido anteriormente que realizar en 2027 las elecciones ordinarias junto con la judicial representaría retos importantes en materia logística, operativa y financiera.
