La cohabitación forzada de menores de edad y las “terapias de conversión”, serán sancionadas en el Estado de Hidalgo, tras modificaciones al Código Penal estatal.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Lo anterior con el voto a favor de 27 legisladores del Congreso estatal, donde también se contempla sancionar el acecho como delito, así como el abuso contra personas con discapacidad.
Por cohabitación forzada de menores de edad, se aprobó adicionar el artículo 189 Ter, imponiendo penas de cinco a nueve años de prisión y de 200 a 500 días de multa a quien obligue, coaccione, induzca, gestione u oferte la unión informal de personas menores de 18 años o de quienes no tengan capacidad para comprender el hecho.
La sanción aumentará hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En materia de derechos de la diversidad sexual, el dictamen deroga el artículo 202 Ter y crea el artículo 276 Bis, dentro de un nuevo Título Décimo Tercero Bis denominado “Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad”.
Por lo que se sancionarán las llamadas “terapias de conversión”, con penas de uno a tres años de prisión y de 150 a 300 días de multa para quien realice, financie o imponga prácticas destinadas a modificar o reprimir la orientación sexoafectiva, la identidad o la expresión de género mediante violencia.
Se tipifica el acecho como delito, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 175 Ter; se describe como la conducta que comete una persona, de manera reiterada y sin consentimiento, cuando realiza actos de seguimiento, observación, vigilancia, acoso o comunicación insistente, ya sea de forma presencial o mediante medios digitales, generando temor por la seguridad o integridad de la víctima.
La sanción será de tres meses a dos años de prisión y de 10 a 40 días de multa, con penas que podrán duplicarse en casos como víctimas menores de edad, relaciones de confianza o cuando intervengan servidores públicos.
Asimismo, se reforman los artículos 183 Quater, fracciones V y VI, y 189 Bis, fracción II, para incorporar de manera expresa la protección de las personas con discapacidad en los delitos de abuso sexual, violación a la intimidad sexual y hostigamiento sexual.
