Un total de 92 trabajadores del sector educativo en Hidalgo recibieron percepciones por casi 43 millones de pesos mientras desempeñaban cargos de elección popular, situación que fue observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión de la cuenta pública 2025.
El órgano fiscalizador reportó que se realizaron 3 mil 901 pagos por un monto global de 42 millones 983 mil 793.93 pesos, sin que inicialmente existieran documentos que demostraran que los empleados habían cumplido con sus actividades educativas durante los periodos pagados o que tuvieran autorización para mantener ambas funciones.
No obstante, durante el procedimiento de fiscalización, las autoridades estatales entregaron información para solventar la mayor parte de la observación. La documentación permitió justificar los pagos de 89 trabajadores, equivalentes a 42 millones 174 mil 842.20 pesos.
La diferencia corresponde a tres empleados, respecto de quienes permaneció sin comprobar el destino de 808 mil 951.73 pesos.
En su informe sobre el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, la ASF también señaló incumplimientos administrativos por parte del Instituto Hidalguense de Educación y la Secretaría de Educación Pública estatal, relacionados con las disposiciones que regulan la asignación y los movimientos de plazas federalizadas.
Esta situación se relaciona con las revisiones que previamente dio a conocer el secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, quien advirtió que algunos docentes mantenían una plaza educativa y, al mismo tiempo, ocupaban cargos en gobiernos municipales o en la administración estatal.
El funcionario explicó que en la mayoría de los casos no existían condiciones para cumplir con ambas responsabilidades, debido a las jornadas laborales, los horarios y las distancias entre los centros de trabajo.
De acuerdo con sus declaraciones, solamente en 12 casos se consideró viable la compatibilidad de los dos empleos. Además, informó que ocho docentes recurrieron a amparos para conservar sus plazas, mientras que otros decidieron renunciar a uno de sus puestos.
En otra revisión relacionada con el sector educativo, la ASF encontró observaciones por 6 millones 346 mil 26.82 pesos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
Entre los señalamientos se encuentran pagos a 29 trabajadores del Conalep Hidalgo que, durante 2025, no acreditaron reunir los requisitos académicos establecidos para ocupar los puestos que desempeñaban.
Para esta fiscalización se tomó como referencia una muestra de 150 expedientes laborales, de los cuales 75 pertenecían al Conalep Hidalgo y el resto al Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA).
