Durante el año pasado, las denuncias por narcomenudeo dentro del municipio de Tulancingo se incrementaron en más del doble en el comparativo con el 2024, de acuerdo a los datos recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- La estadística señala que durante el año 2024 se registraron 33 denuncias por narcomenudeo, mientras que el año pasado la cifra de denuncias por dicho delito llegó a 73, lo que significa incremento del 121 por ciento entre ambos periodos.
De acuerdo a las cifras recopiladas por el SESNSP, Tulancingo está en segundo lugar estatal por denuncias derivadas de narcomenudeo, estando en primer lugar Pachuca.
Luego de Tulancingo, los municipios que registran la mayor cantidad de denuncias por el delito mencionado, son Tizayuca, Tula de Allende y Mineral de la Reforma.
Respecto a la incidencia por meses, julio es cuando se registró la mayor cantidad de denuncias, con 12, seguido de enero y diciembre que tienen once en cada caso y en tercer lugar febrero, con diez denuncias.
Mientras que abril y septiembre son los meses con menor cantidad de denuncias de casos por narcomenudeo, con tres cada uno.
El SESNSP recopila la información en base a denuncias presentadas formalmente ante las autoridades ministeriales, requiriendo el narcomenudeo el inicio del proceso legal formal.
Durante el año pasado instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno incrementaron los operativos de atención a denuncias previas por narcomenudeo en varios puntos de la entidad, incluido Tulancingo.
Durante dichos operativos se registró la detención de varias personas presuntamente relacionadas con el delito, así como el aseguramiento de domicilios que estarían vinculados con ello.
También durante el año pasado autoridades educativas reforzaron las campañas y estrategias de prevención a consumo a estupefacientes, drogas y bebidas alcohólicas.
Dicha estrategia está alineada a políticas nacionales en el mismo sentido, en el cual se involucran a todos los integrantes de las comunidades educativas: estudiantes, madres y padres de familia, así como profesores y profesoras, directivos y personal de apoyo.