La condición de las industrias y las empresas es la base
El aumento al salario mínimo y la eventual reducción de la jornada laboral son dos temas que, desde el Gobierno Federal, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han anunciado como grandes avances a favor de las y los trabajadores; sin embargo, en la práctica son decisiones que parecen meramente políticas y que no tienen en consideración una serie de factores que convierten a estas propuestas en conceptos muy riesgosos dependiendo del contexto en el que se apliquen.
En el caso de Michoacán, de acuerdo con el abogado laboralista, Luis Fernando Rodríguez Vera, son las pequeñas y medianas empresas las que enfrentarán el mayor reto, mientras que las más grandes, en teoría, lo podrán afrontar sin sufrir estragos.
Para muestra, comparte que ya estuvo realizando pruebas con algunos clientes empresarios.
“Algunas industrias tienen esa posibilidad de hacer pruebas, pero hay otras empresas que están muy desordenadas y que dicen <<cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reducir? Voy a tener que abrir un nuevo turno, con lo que me implica nuevos salarios más prestaciones de seguridad social, más prestaciones laborales, más vacaciones>>. Entonces es una condición que a las medianas empresas se les complica este gran escenario”, apuntó.
Por otro lado, el incremento al salario mínimo también representa un arma de doble filo, porque si bien el trabajador gana un poco más, cabe la posibilidad de que tenga que pagar más impuestos, según lo señalaron especialistas fiscales, mientras que por la parte del empresario, el verse obligado a pagar salarios más caros también implica de manera inevitable hacer un balance de gastos y eso a su vez conducirá, en múltiples casos, a los despidos, o peor aún, a que los dueños de empresas tomen la determinación de cerrar y tomar el camino del empleado para evitar los precios, que son cada vez más elevados en el ámbito empresarial.
