Puebla, Pue. – La noche del 14 de septiembre de 2016, Aurelio Cabrera Campos, director del periódico Grafico Sierra Norte, fue asesinado a balazos cuando circulaba en su vehículo, sobre la carretera federal México-Tuxpan.
El crimen de Aurelio Cabrera, periodista especializado en la nota roja, trascendió a nivel nacional e internacional, informadores de todo el país exigieron justica por su muerte, obligando la intervención de fiscalía general del Estado (FGE) de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión del orden Federal.
El responsable del homicidio fue identificado como Juan Pedro “N”, gracias a que el comunicador proporcionó su nombre los servicios de emergencia que atendieron su llamado de auxilio, sin embargo, cinco años después el crimen sigue sin esclarecerse y el homicida se mantiene como prófugo de la justicia.
El caso de Cabera Campos deja al descubierto que ni el gobierno de la 4T, ha logrado robustecer las capacidades en procuración e impartición de justicia, ni se ha reformulado la coordinación entre las distintas autoridades encargadas de la seguridad y de la igualdad en el país.
La construcción de la Guardia Nacional como órgano de despliegue operativo para subsidiar a las fuerzas policiales, la reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar, se vuelven ineficaces cuando no se ha trabajado en las propuestas al fortalecimiento de las capacidades investigativas y de los mecanismos de inteligencia.
Otro factor son los cambios de procuradurías a fiscalías autónomas, una falsa transformación en los modelos de investigación y persecución penal estratégica, pues solo representan cambios inerciales y nominales, que distan de innovar las formas de investigar y perseguir los delitos.
