Bedolla expresó que entendía el descontento de la comunidad al no ver a los responsables siendo juzgados por la ley.
En torno a la marcha acontecida el pasado 5 de abril en la capital michoacana por miembros de la Comunidad de Arantepacua, y tras haberse experimentado afectaciones por parte de los manifestantes hacia algunos transeúntes, propiedades privadas y negocios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, llamó a marchar por una vía pacífica en las manifestaciones y reforzó su apoyo por la posible reforma al poder judicial, propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
“Yo hago un llamado a todos aquellos que se manifiesten por alguna inconformidad, a que procuremos que estas sean pacíficas (…), la manifestación es un derecho constitucional, tenemos derecho a hacerlo, más cuando en este caso en Arantepacua, hay una razón”, expresó Ramírez Bedolla.
El motivo de esta manifestación proviene desde el año 2017 cuando el gobierno estatal en turno presuntamente orquestó una redada policial que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas entre ellos un menor de edad, y más de mil víctimas de la comunidad, lo que despertó el descontento de los residentes y suscitó una constante exigencia de justicia a las autoridades al no ver a los responsables tras las rejas que derivó en una marcha anual.
En este sentido Bedolla expresó que entendía el descontento de la comunidad al no ver a los responsables siendo juzgados por la ley, y aunado a eso contendiendo por cargos políticos sin ninguna consecuencia. Por tal motivo mencionó que la propuesta de reforma antes mencionada planteada por el presidente de México, es una gran opción para hacer justicia y evitar esta clase de actos por parte de las autoridades.
Es preciso señalar que al ser cuestionado sobre las acciones que su gobierno ha tomado ante la situación, el dirigente contestó que se encuentran en un diálogo constante con las víctimas y trabajan en la reparación de los daños que les pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que mencionó algunas obras construidas en la comunidad para mitigar los daños junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), justificando que habían preferido no repeler la manifestación hasta que aumentaron las agresiones.