Por Violeta García
Para evitar las prácticas de clientelismo que caracterizaron a administraciones pasadas, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la creación de un Consejo Consultivo que supervisará el otorgamiento de casi 900 concesiones de transporte público. Este órgano colegiado estará integrado por rectores de universidades, representantes de la Iniciativa Privada y la Secretaría Anticorrupción, con la encomienda de auditar cada expediente y asegurar que los permisos se asignen bajo criterios estrictamente técnicos.
El mandatario estatal fue enfático al señalar que, bajo su gestión, las concesiones se entregarán “sin tintes políticos ni familiares”. Con esta medida, el Ejecutivo busca desarticular las redes de influencia que permitieron a exfuncionarios y líderes gremiales acaparar rutas enteras, garantizando que los beneficios lleguen a los verdaderos trabajadores del volante que han esperado por años la regularización de su patrimonio laboral.
La participación de la Secretaría Anticorrupción será fundamental para cruzar bases de datos y detectar posibles conflictos de interés entre los solicitantes y los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Armenta Mier subrayó que el Consejo tendrá facultades para vetar propuestas que no cumplan con la transparencia requerida, enviando un mensaje de certeza tanto a los inversionistas del sector como a la ciudadanía que exige un transporte digno y seguro.
Esta iniciativa forma parte de un plan integral de reforma al transporte que pretende erradicar el monopolio de las rutas. El gobernador reiteró que el Consejo Universitario aportará la visión técnica necesaria para que los nuevos derroteros respondan a la realidad urbana de Puebla, asegurando que el crecimiento de la red de transporte se dé de forma planificada y libre de las viejas cuotas de poder que históricamente han mermado la calidad del servicio en la entidad.
