La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo martes 25 de agosto un proyecto que propone invalidar las reformas realizadas al Código Penal de Aguascalientes en materia de extorsión.
El proyecto, identificado como acción de inconstitucionalidad 42/2026 y presentado por el ministro Giovanni Azael Figueroa, plantea que la modificación aprobada por el Congreso de Aguascalientes podría vulnerar el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
De acuerdo con el documento, el argumento central es que las legislaturas estatales no tendrían competencia para regular el delito de extorsión, debido a que esta facultad corresponde al Congreso de la Unión.
La Corte señala que existe una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual establece el marco aplicable en todo el país. Bajo este criterio, los estados tendrían facultades para investigar, perseguir y sancionar los casos que correspondan, pero no para modificar la regulación del delito.
Por su parte, el Gobierno del Estado de Aguascalientes sostuvo que la actuación del Poder Legislativo local no representa una invasión de competencias federales, sino un ejercicio de armonización con la legislación nacional.
En caso de que el proyecto sea aprobado por la SCJN, los efectos de la determinación aplicarían de manera retroactiva desde el 25 de febrero de 2026, fecha en la que la reforma entró en vigor.
La discusión del proyecto está programada para el martes 25 de agosto de 2026.
