“No es posible que salieran cheques a mi nombre, sin que yo hubiera autorizado a alguien más a que los recogiera”, comentó.
Fue el pasado 15 de diciembre cuando Brenda Fraga, quien se había desempeñado como la titular de la Secretaría del Migrante en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, dejó esta dependencia para regresar al Congreso del Estado, pues en las pasadas elecciones resultó victoriosa al cargo de diputada local, pero al asumir el cargo en la Semigrante, su suplente, Gabriela Cázares Blanco ocupó su curul.
Ahora, en una segunda rueda de prensa realizada en el municipio de Uruapan, Cazarez Blanco expuso los motivos por los que realizará una denuncia penal en contra de Fraga. Según lo mencionado, 370 mil pesos mensuales desde que asumió el cargo como diputada en suplencia es la cantidad que se le retuvo durante poco más de un año a la ahora ciudadana, lo que equivale a 4 millones 440 mil pesos de octubre de 2021 a octubre de 2022.
De acuerdo con la activista, en un principio ignoró que a los legisladores se les brinda esa cantidad monetaria para el apoyo de la ciudadanía, sin embargo, al ser de su conocimiento supo que alguien más la cobraba a su nombre, cosa que involucraría a entes corruptos en el Congreso del Estado.
“Ahí debe de estar involucrado alguien más en eso, porque no es posible que salieran cheques a mi nombre, sin que yo hubiera autorizado a alguien más a que los recogiera”, comentó.
Externó que luego de que supo que este recurso no se le estaba asignado, Fraga volvió al legislativo.
También acusó que durante su periodo como diputada trabajó con poco personal debido a que dos familiares de Brenda se encontraban en la nomina del congreso, sin que estuvieran laborando, por lo que se vio limitada tanto en recurso como en personal.
