Por Angélica Patiño
Con el objetivo de desarticular las redes de extorsión que operan desde los centros penitenciarios de la entidad, el diputado Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado. La propuesta buscó tipificar como un delito autónomo la introducción, posesión o uso de dispositivos electrónicos no autorizados dentro de las cárceles, estableciendo penas de prisión que podrían alcanzar los ocho años.
Trujillo de Ita argumentó que gran parte de los fraudes y amenazas sufridas por las familias poblanas se originaron en equipos móviles que ingresaron ilegalmente a los penales de San Miguel, Tepexi y Cholula. La iniciativa pretendió no solo castigar a los internos, sino también a los custodios y visitantes que participen en la logística de introducción de estos aparatos, considerándolos cómplices de los delitos de extorsión y secuestro virtual.
El legislador señaló que, a pesar de los inhibidores de señal instalados, la delincuencia organizada ha encontrado formas de evadir la tecnología mediante dispositivos de última generación. Por ello, la reforma planteó que el hallazgo de un celular en una celda sea motivo suficiente para iniciar un nuevo proceso penal contra el recluso, eliminando el vacío legal que anteriormente permitía que estas faltas fueran consideradas meramente administrativas.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación. De aprobarse, Puebla se sumaría a los estados con legislaciones más estrictas en materia penitenciaria, buscando que los centros de readaptación social dejen de ser oficinas operativas para los grupos criminales que, a través de una llamada, siguen vulnerando la paz pública.
