La jefa de Gobierno de la Ciudad de México propuso cambios en bienestar emocional, educación inicial, vivienda y justicia cívica, además de anunciar obras en salud, agua e infraestructura educativa.
Ante el Pleno del Congreso capitalino, Clara Brugada Molina rindió su Segundo Informe de Gobierno y presentó cuatro iniciativas: reconocer el derecho al bienestar emocional, crear un sistema de educación inicial, establecer una ley de relaciones inquilinarias para impulsar rentas justas y asequibles, y transformar el modelo de justicia cívica para fortalecer la convivencia social.
En materia económica, anunció que el próximo año no se cobrarán multas ni recargos por adeudos de predial, con el objetivo de facilitar que los contribuyentes regularicen sus pagos. También convocó a empresarios, cámaras comerciales, académicos y sociedad civil a construir un pacto por la inversión, el empleo y la prosperidad compartida.
En el rubro social, aseguró que entre 2018 y 2024 cientos de miles de personas superaron la pobreza, de acuerdo con distintas mediciones. Sobre vivienda, reportó la entrega de 6 mil viviendas sociales, otras 7 mil en construcción y mejoras en hogares de 40 mil familias. Además, anunció la construcción de dos hospitales, en Xochimilco y Magdalena Contreras.
Para ampliar las oportunidades educativas, informó que se construirá un plantel de la UNAM en el suroriente de la capital, que será edificado por el gobierno local y operado por la universidad. También anunció tres nuevas universidades públicas y cinco preparatorias en pueblos y barrios originarios.
En cuanto a los servicios públicos, destacó que el presupuesto para agua aumentó 40 por ciento y que se han desazolvado más de 900 kilómetros de redes de drenaje. En materia ambiental, planteó como metas reciclar la mitad de los residuos y reducir 35 por ciento las emisiones contaminantes.
Finalmente, Brugada llamó a las fuerzas políticas a mantener un diálogo basado en propuestas y aseguró que su gobierno no intervendrá en el próximo proceso electoral. También pidió abrir una discusión plural sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, con participación de especialistas, pacientes y sociedad civil.
