Las diferencias internas en Morena Michoacán volvieron a salir a la luz luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla respondiera a las críticas del diputado local Juan Carlos Barragán Vélez, quien previamente aseguró que al mandatario “le irá peor” que al exgobernador Silvano Aureoles Conejo al concluir su administración. Lejos de suavizar el conflicto, el gobernador respondió con señalamientos que profundizaron la confrontación entre ambos actores del partido.
Ramírez Bedolla desestimó las declaraciones del legislador y aseguró que sus críticas obedecen a una defensa del gobierno encabezado por Silvano Aureoles. “Solo muestra su añoranza por el pasado silvanista y por su respaldo a una época de corrupción”, afirmó el mandatario, al recordar y reslatar que Barragán formó parte de esa administración y que “no tiene ningún aprecio por el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán”.
El gobernador incluso elevó el tono al afirmar que el diputado “muy pronto se encontrará con su jefe, Silvano Aureoles”. La referencia no es menor, ya que su antecesor ex perredista mantiene una de las peores percepciones públicas en la política michoacana debido a los señalamientos de corrupción, la crisis financiera heredada por su administración y los procesos penales que actualmente lo mantienen prófugo de la justicia.
Bedolla aprovechó el intercambio para contrastar su trayectoria con la de sus críticos. Recordó que es fundador de Morena y que trabajó junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, por lo que, dijo, conoce el significado de gobernar bajo los principios de la Cuarta Transformación.
La respuesta del gobernador se produce en un momento de tensión dentro de Morena, partido cuya dirigencia nacional ha insistido en privilegiar la unidad por encima de los intereses personales rumbo a 2027. Además, ocurre mientras Barragán enfrenta una sanción del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM), que lo inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos por el presunto desvío de 5.6 millones de pesos en 2018.
El legislador mantiene impugnada esa resolución y asegura que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia, aunque sostiene que el tribunal no las ha valorado porque, según él, existe una consigna política para perjudicarlo por órdenes del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
