Integrantes de la comunidad otomí de San Matías el Grande, acompañados por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que acusan de generar contaminación ambiental por la operación de la planta geotermoeléctrica de Los Azufres y de vulnerar el derecho de la población a un medio ambiente sano.
Los promoventes señalaron que la denuncia está sustentada en la presunta violación al artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en un entorno saludable. Como parte de las pruebas entregadas a la CNDH, incluyeron documentación que, aseguran, evidencia incumplimientos ambientales por parte de la CFE, entre ellos que 12 de las 33 presas de enfriamiento de la geotermoeléctrica carecen de recubrimiento, lo que representa, dijeron, un riesgo de filtración de sustancias tóxicas hacia el subsuelo y los acuíferos.
Asimismo, la comunidad anexó un estudio elaborado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán (ICTI), el cual refiere que manantiales de Ciudad Hidalgo y Zitácuaro presentan niveles de toxicidad de entre 35 y 50 por ciento debido a la presencia de metales pesados. El documento también expone que, en un primer muestreo realizado a estudiantes de San Matías el Grande, el 32.79 por ciento mostró indicios iniciales de enfermedad renal.
La consejera de Salud de la comunidad, Alejandra Martínez García, afirmó que, pese a las reuniones sostenidas con autoridades estatales y federales, no han observado avances concretos para atender la problemática. Indicó que el número de personas con afectaciones renales continúa en aumento y que los casos comienzan a presentarse en edades cada vez más tempranas. Explicó que, tras un primer estudio aplicado a 61 alumnos, alrededor de la mitad presentó alteraciones que requieren seguimiento médico, mientras que recientemente se realizaron análisis a otros 150 estudiantes de la telesecundaria de la comunidad, cuyos resultados aún están pendientes.
Por su parte, Roque Martínez, integrante del consejo comunal, aclaró que la exigencia de las comunidades no es el cierre ni el traslado de la geotermoeléctrica, sino que la CFE cumpla con la normatividad ambiental y modernice la infraestructura para evitar afectaciones al entorno. También demandó la reparación del daño a las comunidades afectadas y a las familias de personas enfermas, al sostener que las presas de enfriamiento sin protección continúan representando un riesgo para los mantos acuíferos de la región.
Los representantes de San Matías el Grande informaron además que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ya remitió a la CNDH dos expedientes relacionados con este caso y solicitaron que ambos procedimientos sean atendidos sin ser desechados. Adelantaron que otras comunidades del oriente de Michoacán, como San Bartolo, San Pedro, San Lucas y Jeráhuaro, también preparan acciones similares para denunciar las presuntas afectaciones ambientales vinculadas con la operación de la geotermoeléctrica de Los Azufres.
