Damián Romero, quien se desempeñó como Secretario General de la presidencia municipal de Claudia Rivera, detalló que luego de un proceso legal de casi un año, el Tribunal Electoral determinó avalar la denuncia de la junta auxiliar de Zacaola por lo que la presidencia auxiliar tiene hasta septiembre para presentar al Ayuntamiento de Hueyotlipan un presupuesto, el cual el municipio tendrá que revisar y en su caso aprobar.
Tras ganar juicio contra el Ayuntamiento de Hueyotlipan, funcionarios de Zacaola, convocaron a las presidencias Auxiliares del estado, marginadas de los presupuestos municipales, a integrarse al Frente para el Autogobierno de Juntas Auxiliares, anunció el vocal del organismo, Damián Romero, quien puntualizó que hay la jurisprudencia para que estas demarcaciones presenten presupuestos para salarios, obras y servicios.
Al respecto, Damián Romero, quien se desempeñó como Secretario General de la presidencia municipal de Claudia Rivera, detalló que luego de un proceso legal de casi un año, el Tribunal Electoral determinó avalar la denuncia de la junta auxiliar de Zacaola por lo que la presidencia auxiliar tiene hasta septiembre para presentar al Ayuntamiento de Hueyotlipan un presupuesto, el cual el municipio tendrá que revisar y en su caso aprobar.
De no hacerlo, Romero Suárez señaló que el Ayuntamiento sería sujeto de procesos sancionador es que podrían resultar en la revocación de mandato del alcalde, al puntualizar que a pesar de las reformas para debilitar a las juntas auxiliares en la Ley Orgánica Municipal impulsada por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, estás demarcaciones aún tienen el derecho de realizar leyes de egresos para financiar obras y servicios.
Por ello, al sentar precedente y jurisprudencia, exhortó a los presidentes de las juntas auxiliares de la entidad que consideren, han sido excluidas del ejercicio presupuestal municipal, a sumarse a dicho frente que abandera los preceptos de la Cuarta Transformación.
Con ello, señaló Damián Romero, podrán ser apoyados para que los Ayuntamientos, sin distintos partidistas, sean obligados a erogar recursos para el pago de salarios de los funcionarios auxiliares, así como el financiamiento para obras y servicios, como salud y educación.
