La discusión sobre las corridas de toros en Hidalgo podría quedar en manos de la ciudadanía. Este martes 19 de mayo de 2026, diputados de Morena y Nueva Alianza presentaron ante el Congreso local una solicitud de consulta popular para que los hidalguenses decidan si la tauromaquia debe continuar permitiéndose en el estado o si debe prohibirse por completo.

La propuesta fue impulsada por las diputadas Paloma Barragán, Alma Rosa Elías Paso, Diana Rangel Zúñiga, Lizbeth Ordaz Islas e Hilda Miranda Miranda, además de los legisladores Andrés Velázquez Vázquez, Miguel Ángel Moreno Zamora, Juan Pablo Escalante Urban, Arturo Gómez Canales, José María Alejandro Pérez Ramírez y Jorge Argüelles Salazar.
Durante la sesión, se explicó que el mecanismo de participación ciudadana busca conocer la postura de la población respecto a la realización de corridas de toros y demás actividades relacionadas con la tauromaquia, así como definir si esta práctica debe seguir considerándose parte del patrimonio cultural inmaterial de Hidalgo.
La presidenta de la mesa directiva, Mónica Reyes Martínez, dio lectura a la solicitud y señaló que el planteamiento fue elaborado conforme a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del estado.
El documento fue enviado a la Primera Comisión Permanente de Gobernación, instancia que analizará la viabilidad y procedimiento de la consulta.
El debate sobre la permanencia de la fiesta brava se ha intensificado en el Congreso hidalguense durante los últimos meses. En marzo de 2025, el diputado Avelino Tovar Iglesias promovió una iniciativa para prohibir las corridas de toros en la entidad y, posteriormente, en abril de este año, solicitó acelerar el análisis legislativo de dicha propuesta.
Días después, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, presentó otra iniciativa, aunque en sentido contrario, para que la tauromaquia sea reconocida oficialmente como patrimonio cultural inmaterial en Hidalgo.
Ante ambas propuestas, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales solicitó una prórroga para continuar recopilando opiniones técnicas y desarrollar foros de consulta antes de emitir una resolución.