- El Congreso del Estado de México aprobó sanciones de hasta 20 años de prisión para aquellos que obliguen a un comerciante o unidad económica a imponer o fijar precios por encima del mercado en productos, insumos o servicios.
El Congreso del Estado de México aprobó recientemente una nueva ley para combatir la extorsión de comerciantes y proteger la actividad económica estatal. La ley establece sanciones de seis a diez años de prisión para aquellos que obliguen a un comerciante o unidad económica a imponer o fijar precios por encima del mercado en productos, insumos o servicios. La pena puede ser de hasta 15 años de cárcel si los responsables se ostentan como miembros de algún grupo delictivo, y de hasta 20 años si se trata de personas servidoras públicas.
El nuevo tipo penal se incorporó a los delitos contra el consumo y la economía, y durante su análisis se tomaron en cuenta las ideas y opiniones de los legisladores, el equipo jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Poder Judicial para determinar de manera clara al sujeto activo del delito y evitar que existiera la posibilidad de criminalizar al comerciante.
La nueva ley se considera un importante paso para enfrentar las conductas delictivas que se presentan en algunas regiones de la entidad y que atentan contra la libertad de quienes ejercen el comercio como actividad para ganarse la vida, así como de los consumidores finales que resienten el alza de precios en productos básicos. La ley establece que comete este delito quien, por medio de la violencia, obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir, de otra persona, comercio o empresa determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial, a vender o distribuir bienes, insumos, mercancías o servicios, a personas o empresas determinadas, o a imponer o fijar, en una localidad o región, un precio por encima del mercado para la venta de bienes, mercancías o insumos o para la prestación de un servicio.
Además de las sanciones ya mencionadas, el nuevo tipo penal establece que si en la comisión del delito participan dos o más personas, se impondrán adicionalmente de tres a cinco años de prisión. La ley fue impulsada por el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.
