Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) no considera en su sentencia que ordena el pago a un grupo de delegados y subdelegados del municipio de Tulancingo, que aunque sus cargos son de elección popular, esto no les confiere automáticamente ser considerados como servidores públicos.
Tal es la postura del gobierno municipal expresada por el alcalde Fernando Pérez Rodríguez, puntualizando que para ello es necesario para que los representantes vecinales sean considerados como servidores o funcionarios públicos, hace falta que ese carácter sea conferido mediante una ley, conforme a lo señalado en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 34 constitucional señala que “son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I.- Haber cumplido 18 años, y II.- Tener un modo honesto de vivir.”
A partir de dicha normativa dentro de la Carta Magna, tendrá que existir una normativa legal para dar carácter como servidores o funcionarios públicos a delegados y subdelegados municipales.
El pasado viernes 24 de julio, el TEEH determinó que La magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo explicó que derivado de que los cargos de delegados y subdelegados son equiparables al de un servidor público, tienen derecho a una remuneración adecuada por el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al proyecto de sentencia presentado por la magistrada Mónica Mixtega Trejo.
La sentencia señala que la remuneración a los representantes vecinales no deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y regidurías, y no menor al salario mínimo diario, por lo que el Ayuntamiento deberá realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos 2020, en un plazo de 15 días hábiles, a fin de incluir el pago de su remuneración como servidores públicos.
Pérez Rodríguez expresó que el gobierno que encabeza será respetuoso de las instituciones, en este caso, del TEEH, pero recordó que el argumento citado fue enviado oportunamente a dicho órgano, quien volvió a emitir su resolución, al parecer, sin considerar estos argumentos.
Por lo que anticipó que el gobierno municipal seguirá buscando recursos legales para hacer valer su postura.
Por Daniel Martínez Martínez