Pachuca de Soto, Hidalgo.- Diputados de los grupos parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT), presentaron propuesta para sancionar con hasta cuatro años de prisión a quien se retire el condón durante el el acto sexual sin consentimiento mutuo.
Dicha práctica, conocida como “stealthing”, es considerada como una forma de aprovecharse dolosamente del consentimiento del acto sexual con protección, retirando el condón sin común acuerdo.
De acuerdo con la diputada petista, Tania Valdez Cuéllar, las sanciones que se pretenden imponer por esta conducta son de dos a cuatro años de cárcel y una multa de 80 días de salario mínimo.
La reforma, también, cuenta con una agravante, que es el aumento de la pena, en caso de haberse visto afectado en su salud, por infecciones, enfermedades venéreas o embarazo no deseado; sin embargo, la iniciativa no especifica de qué forma se agrava la sanción.
Todo lo anterior implica modificación al artículo 183 del Código Penal para el estado de Hidalgo.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que el retiro del preservativo en un acto sexual sin consentimiento mutuo es una de las formas “actuales y modernas” en las que se puede ejercer violencia a las personas, principalmente contra las mujeres.
“Son prácticas más comunes de lo que se pudiera imaginar, a tal grado de normalizarse por completo y en el peor de los casos revictimizar a las personas”, expresó.
Agregó que “en años recientes, a pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos por garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, se han desarrollado practicas individuales dentro del acto sexual que rompen con este objetivo, ya que en el peor de los casos son actos que pueden considerarse como agresiones sexuales que menoscaban la dignidad de las personas”.
Sin embargo, aseveró la libertad sexual de las personas como un derecho se ve agravada a través de los engaños que utilizan las personas para llegar al acto sexual, mintiendo sobre su estado de salud y llegando a prácticas que nunca se acordaron previamente.
La iniciativa fue suscrita por las diputadas Elvia Sierra, Lisset Marcelino, Tania Valdez María Adelaida Muñoz, y los legisladores Osiris Leines, Jorge Hernández Araus y Antonio Hernández; y fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia.
Por Daniel Martínez Martínez
