Los integrantes de la Asociación Nacional para la Defensa del Ciudadano y la Legalidad AC, representados por José Francisco Méndez Hernández, solicitaron al Congreso del Estado, terminar con prácticas de influyentismo, corrupción y simulación, para designar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla.
En conferencia de prensa, el presidente de la ONG, señaló que los más de 25 aspirantes, muchos de ellos, son jueces, otros más están ligados a los gobiernos Morenovallistas y en otros casos son militantes morenistas.
La Asociación mostró su inconformidad por el proceso para la designación de la titular de la CDH, debido a que los aspirantes inscritos, aparecen personajes ligados a los gobiernos Morenovallistas, como es el caso de José Víctor Vázquez Juárez, Mónica Roldán Reyes y María Elena Guerrero Flores, además de Daniela Galindo Dorantes, ligada al ex presidente municipal, Leoncio Paisano Arias.
Aunado a ello, se encuentra Omar Martínez Báez, primer visitador general del organismo y encargado de despacho, tras la salida de Adolfo López Badillo, quien por su paso por más de 8 años, fue omiso y cómplice de que se violentaran las garantías individuales.
También se encuentran inscritas las juezas María de los Ángeles Muñoz Cortés y Amada María teresa Márquez Bermúdez, quienes debieron solicitar licencia, y ante ello, solicitaron que se les sancione por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
En torno a la postulación de Lucio Ramírez Luna, a quien acusaron de aviador en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, afirmaron que se ha encargado de lucrar con la defensa de grupos y organizaciones.
Y señalaron, que existen varios militantes morenistas, que están en el padrón del partido como son Luis Soriano Peregrina, ex subsecretario de Gobernación, y Rene Alejandro Escalona González.
Por ello, exigieron a los integrantes el Congreso Local, dejar atrás las prácticas de influyentismo, corrupción y simulación para designar a la persona idónea para ocupar la presidencia del órgano garante de los derechos humanos en Puebla.