Por Violeta García
El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció de manera pública haber recibido amenazas directas en contra de su integridad física por parte de grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad. Tras fijar una postura de cero tolerancia, el mandatario estatal sentenció de forma categórica que su Administración no mantiene ni mantendrá ningún tipo de pacto o tregua con las células criminales, advirtiendo que los intentos de intimidación no frenarán las estrategias de pacificación desplegadas en el territorio poblano.
Para dimensionar la ofensiva de su Gobierno contra la estructura delictiva, el Ejecutivo estatal reveló que los operativos de inteligencia y los despliegues coordinados con las fuerzas federales han derivado en miles de detenciones de objetivos prioritarios en las diversas regiones del estado. Armenta Mier puntualizó que el desmantelamiento de bandas dedicadas al robo de hidrocarburo, el narcomenudeo y la extorsión en la zona metropolitana constituye la principal causa de la reacción violenta y los mensajes intimidatorios dirigidos hacia la cúpula de su Gabinete de seguridad.
El mandatario instruyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a integrar las carpetas de investigación correspondientes para rastrear el origen de los mensajes de amenaza, descartando de manera paralela que se vaya a realizar una modificación drástica en sus protocolos de traslado o en sus jornadas de trabajo de campo. El Gobernador enfatizó que la soberanía del estado y la seguridad de los ciudadanos se encuentran por encima de cualquier interés particular, conminando a los mandos policiales a mantener el ritmo operativo en los municipios de mayor conflictividad.
El pronunciamiento del Ejecutivo poblano ocurre en un contexto de efervescencia por los recientes operativos en las zonas limítrofes con Veracruz y Tlaxcala, donde la presencia de la Marina y la Guardia Nacional ha sido reforzada de forma permanente. Alejandro Armenta concluyó señalando que el combate a la impunidad es innegociable, reafirmando que la única vía de comunicación que el Gobierno mantendrá con los transgresores de la ley será a través del andamiaje judicial y los centros de reclusión del estado.
