Tres viviendas ubicadas en distintos municipios de Hidalgo fueron puestas a la venta mediante un proceso de subasta pública, ofreciendo una alternativa para quienes buscan adquirir una propiedad por debajo de los precios que suelen encontrarse en el mercado inmobiliario tradicional.
Las casas forman parte de los bienes administrados por el Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo encargado de gestionar inmuebles que pasan a propiedad del Estado y que posteriormente son comercializados a través de mecanismos públicos y transparentes.
La oferta incluye inmuebles localizados en Tepetitlán, Tizayuca y Tepeapulco, cuyos precios base van desde poco más de 716 mil pesos hasta más de 1.5 millones de pesos, dependiendo de sus características y dimensiones.
La propiedad con el costo inicial más bajo se encuentra en la comunidad General Pedro María Anaya, en Tepetitlán. Se trata de una vivienda de un nivel construida sobre un terreno de 400 metros cuadrados, cuyo precio de salida fue fijado en poco más de 716 mil pesos.
Por otra parte, la casa con el valor más alto está ubicada en la Unidad Habitacional Tizayuca. El inmueble cuenta con dos niveles y una construcción de 120 metros cuadrados, por lo que su precio base supera el millón y medio de pesos.
La tercera opción corresponde a una vivienda localizada en Tepeapulco, también de dos niveles, que destaca por tener la mayor superficie de construcción entre las propiedades incluidas en esta convocatoria.
El proceso de venta se realiza a través de una plataforma digital especializada en subastas, donde las personas interesadas pueden consultar fotografías, documentos y características técnicas de cada inmueble antes de presentar una propuesta económica.
Las autoridades informaron que el periodo para registrarse y participar permanecerá abierto hasta el 26 de junio, fecha límite para que los interesados entreguen la documentación requerida y acrediten la garantía de seriedad correspondiente.
Con este esquema, el gobierno estatal busca dar destino a bienes recuperados por la administración pública, al tiempo que abre oportunidades para que particulares y empresas puedan adquirir propiedades mediante un procedimiento competitivo y abierto.
