Valle de Tulancingo, Hidalgo.
Existe un retraso en la garantía efectiva de la aplicación de los derechos políticos electorales de la población indígena en el estado de Hidalgo, pues apenas se reconoce desde el año 2015 tres distritos electorales locales, así como dos más, en el ámbito federal.
Augusto Hernández Abogado, presidente de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas dentro del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), señaló que desde el año 1996 existe la tutela de los derechos políticos electorales generales.
En Hidalgo, fue hasta el año 2002 cuando se garantiza dicha tutela de derechos político electorales para la población indígena, pero fue hasta el año 2010 cuando se promulgó la Ley Estatal de Derechos y Cultura Indígenas, cuando las normativas electorales se pueden hacer efectivas.
Más aún: fue hasta el año 2014 cuando los derechos políticos electorales entraron en vigencia, tras reforma a las normativas por parte del IEEH, así como la postulación de candidatos provenientes de alguna etnia, en distritos considerados como indígenas.
En el mapa electoral federal, dichos distritos son Ixmiquilpan y Huejutla, agregando a San Felipe Orizatlán en la circunstancia local.
Incluso, explicó el consejero electoral estatal, dichas reformas entran en vigor a partir de la reforma al Sistema Nacional de Justicia, en el año 2010, cuando inicia el reconocimiento de los derechos político electorales de actores y comunidades indígenas.
En principio, la actual legislación electoral implica la postulación por parte de partidos políticos, de candidatos provenientes de alguna etnia.
“Ahí tendremos otro punto de discusión en la elección del siguiente año para legisladores federales y estatales, pues habrá casos en los que se ponga en duda la pertenencia desde un pueblo originario de algún eventual candidato”.
El entrevistado consideró que es de suma importancia darle una razón de ser a los distritos electorales considerados como indígenas.
Por ello, se están realizando actividades y estudios que permita la conformación de una agenda social y política, que dé razón de ser al incipiente reconocimiento de los derechos político electorales para población indígena.
Por Daniel Martínez Martínez
