Alistan una reforma para elevar las sanciones contra quien atribuya deliberadamente un delito a otra persona, la legislación mexiquense contempla actualmente entre dos y seis años de cárcel por esta conducta
Alberto Dzib
Una acusación falsa de violación podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión en el Estado de México bajo una reforma que prepara el diputado del Partido del Trabajo Isaac Hernández Méndez, quien aseguró que propondrá que el castigo contra quien impute deliberadamente un delito inexistente se determine a partir de la sanción prevista para el ilícito que atribuyó a otra persona.
La propuesta modificaría el esquema vigente, ya que el Código Penal del Estado de México establece actualmente entre dos y seis años de prisión para quien impute falsamente un hecho delictivo ante un servidor público facultado para investigarlo, además contempla de 50 a 500 días multa y hasta mil días multa por reparación del daño.
El alcance de la modificación dependería del delito atribuido, pues el legislador plantea abandonar una penalidad uniforme para establecer sanciones relacionadas con la gravedad de cada imputación, de modo que si se tratara de una acusación falsa por violación simple podría tomarse como referencia el Código Penal estatal, que establece entre 10 y 20 años de cárcel.
“Vamos a tratar de equiparar las sentencias, de acuerdo al delito, es decir, si te acusan de violación y no hubo violación, entonces los años que le iban a dar a la persona que acusaste son los años que te den a ti por la denuncia falsa”.
Hernández Méndez explicó que trabaja en la propuesta desde hace cerca de cuatro meses, aunque decidió adelantar su presentación después del caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México que murió por suicidio en julio tras ser señalado por presunto abuso sexual.
Aunque el diputado utilizó la violación como ejemplo para explicar el alcance de su planteamiento, la modificación no estaría limitada a delitos sexuales, pues señaló que pretende establecer el mismo criterio para diferentes conductas previstas en el Código Penal, mientras durante el proceso legislativo podrá definirse si la sanción será idéntica a la del delito falsamente imputado o se fija una proporción menor.
El proyecto también tendrá que establecer salvaguardas para evitar que el aumento de las penas desaliente denuncias legítimas, particularmente en delitos cuya acreditación depende de investigaciones ministeriales y elementos probatorios posteriores, pues el objetivo es sancionar la fabricación intencional de una acusación y no penalizar a quien denuncie de buena fe un hecho que finalmente no pueda probarse.
La iniciativa será presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura.
