Las personas privadas de la libertad habrían denunciado presuntas extorsiones, actos de corrupción, explotación sexual y la posesión de aparatos electrónicos
Redacción AR
Tras la circulación de un video en redes sociales en el que presuntamente se observa el interior de una celda en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde las personas privadas de la libertad habrían denunciado presuntas extorsiones, actos de corrupción, explotación sexual y la posesión de aparatos electrónicos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició de oficio una investigación.
De acuerdo con la publicación, las personas privadas de la libertad habrían denunciado extorsiones dirigidas tanto a los internos como a sus familiares, posibles actos de corrupción relacionados con el ingreso de objetos prohibidos; de la misma manera reportaron presunta coacción contra mujeres privadas de la libertad para obligarlas a realizar actividades de explotación sexual. En tanto, el material audiovisual evidenciaría la posesión de aparatos electrónicos y otros bienes relacionados con una posible falta de control institucional.
Es así como, debido a la naturaleza de estas denuncias, la CODHEM turnó el expediente a la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad, instancia encargada de investigar posibles omisiones o responsabilidades de las autoridades penitenciarias.
Ante la gravedad de los hechos señalados y su posible relación con violaciones a derechos humanos, así como con irregularidades u omisiones en la actuación de autoridades penitenciarias, el asunto fue registrado y remitido a la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad, a fin de que realice la investigación conforme a sus atribuciones legales y reglamentarias.
Por lo anterior, la CODHEM sostiene una postura firme, al puntualizar que la privación de la libertad no cancela la dignidad ni los derechos humanos; recalcando que las autoridades responsables de los centros penitenciarios tienen una obligación reforzada de proteger la integridad y seguridad de las personas bajo su custodia, prevenir abusos y actuar frente a cualquier indicio de violencia, explotación, extorsión o trato indigno.
Este organismo dará seguimiento al asunto con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. La apertura de la investigación no prejuzga sobre la veracidad de los señalamientos ni sobre responsabilidades individuales; su finalidad es esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las vulneraciones y acciones que correspondan dentro del ámbito de competencia de la CODHEM.
