El nuevo modelo crea Transparencia Mexiquense y distribuye funciones entre poderes y organismos autónomos
Alberto Dzib
El Congreso del Estado de México aprobó por mayoría de 56 votos a favor y 19 en contra la reforma que sustituirá el modelo de transparencia encabezado por el Infoem, con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y el rechazo de parte de Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y PRI, al considerar que reduce la independencia de la autoridad encargada de garantizar el acceso a la información.
La reforma expide nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, además de que modifica distintos ordenamientos para armonizar la legislación estatal con el modelo Federal.
Uno de los principales cambios será la creación de Transparencia Mexiquense como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, con autonomía técnica y operativa para atender al Poder Ejecutivo y los municipios, mientras el Legislativo tendrá a su Contraloría, el Poder Judicial a su órgano interno de control y los organismos autónomos contarán con instancias propias para resolver los asuntos de su competencia.
La diputada de Movimiento Ciudadano Ruth Salinas Reyes cuestionó que la nueva autoridad permanezca dentro de la estructura del Ejecutivo y carezca de independencia presupuestal, además advirtió que la legislación no establece requisitos específicos para la persona que encabezará Transparencia Mexiquense.
“Lo que hoy se busca es que un empleado denuncie a su jefe de corrupción, ese jefe que le paga, que le da el sustento para llevar a casa, y queremos que esa persona que no va a tener independencia financiera cumpla sus funciones con una carta de buena voluntad”.
El rechazo también fue planteado por PRD, PAN y PRI, cuyas bancadas coincidieron en que la desaparición de un organismo autónomo especializado debilita el sistema de revisión externa, particularmente cuando los propios poderes y organismos pasarán a resolver controversias relacionadas con solicitudes de información dirigidas a sus estructuras.
Desde el PAN, la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez sostuvo que el derecho de acceso a la información permanecerá reconocido en la ley, pero cuestionó las condiciones bajo las cuales podrá hacerse valer cuando una institución niegue información, la entregue incompleta o la clasifique.
“De poco sirve reconocer un derecho si cuando la autoridad lo vulnera, se debilitan los contrapesos encargados de protegerlo, no basta con escribir en una ley que una autoridad tendrá autonomía técnica para vigilar verdaderamente al poder”.
Por Morena, el diputado Octavio Martínez Vargas, defendió que la reforma no elimina los derechos de acceso a la información ni de protección de datos personales, pues las solicitudes, obligaciones de transparencia y recursos continuarán bajo las autoridades definidas por el nuevo esquema.
El legislador sostuvo además que el cambio permitirá reorientar recursos actualmente destinados al Infoem, al señalar que el organismo recibió 227 millones de pesos en el presupuesto de 2025, argumento que la mayoría vinculó con los principios de austeridad y racionalización administrativa.
“No se prescribe ningún derecho, se garantiza los derechos de acceso a la información pública, de protección de datos personales de toda persona, se reorientan recursos y se mantienen intocados”.
Con la aprobación del pleno comenzará el proceso para extinguir el Infoem y trasladar sus atribuciones, recursos y asuntos pendientes hacia las nuevas autoridades, etapa que deberá desarrollarse conforme a los plazos establecidos en los artículos transitorios antes de que el nuevo modelo opere completamente en el Estado de México.
