Ocho estados concentran 66% de los casos del país, por lo que autoridades federales llamaron a utilizar el 089 para activar investigaciones sin acudir al Ministerio Público
Alberto Dzib
El Estado de México continúa entre las entidades con mayor incidencia de extorsión del país, al integrar el grupo de ocho estados que concentran 66 por ciento de los casos registrados a nivel nacional, situación que mantiene a la entidad como una de las prioridades para la aplicación de la nueva estrategia de denuncia e investigación de este delito.
Durante una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicaron que la reciente homologación de la Ley General para Impedir, Investigar y Sancionar la Extorsión en territorio mexiquense busca facilitar la denuncia y acelerar la actuación de las instituciones encargadas de la investigación.
El primer subinspector del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) en el Estado de México, Ignacio Antonio González García, señaló que la principal modificación consiste en que la denuncia puede presentarse mediante la línea 089 o por correo electrónico, sin necesidad de que la víctima acuda personalmente al Ministerio Público.
“Ahora se hace con el 089 o vía correo electrónico, ya no hay necesidad de ir y la autoridad tiene la obligación de actuar de manera inmediata, se levanta un reporte, se genera un folio que no expira y posteriormente el caso se remite a la Fiscalía para su investigación”.
El funcionario explicó que el sistema protege la identidad de quien denuncia, debido a que no solicita nombre, CURP, RFC ni domicilio, además de que el servicio es gratuito y puede utilizarse desde cualquier teléfono, con el propósito de disminuir la cifra negra de un delito que con frecuencia no se denuncia.
Añadió que la legislación también amplió las conductas consideradas como extorsión, al contemplar modalidades como el cobro de piso, los montachoques, la sextorsión, las amenazas por medios digitales, la imposición de proveedores o la intimidación para vender productos a determinados precios, además de establecer penas que parten de 15 años de prisión y aumentan cuando existen agravantes.
“El Centro recibe, registra y canaliza las denuncias, además de mapear los focos de extorsión, porque denunciar permite focalizar el problema y combatir un delito que provoca pérdidas patrimoniales, afectaciones emocionales, cierre de negocios y hasta desplazamiento de personas”.
González García indicó que las personas sentenciadas por extorsión ya no pueden acceder a beneficios como la libertad bajo fianza o la prisión domiciliaria, mientras que la ley prevé sanciones para servidores públicos que divulguen información utilizada para facilitar la comisión de este delito.
Integrantes de la Canaco Valle de Toluca señalaron que la extorsión continúa extendida en distintas regiones del país y representa uno de los principales factores que afectan la actividad comercial.
