El colectivo solicitó que la alcaldesa enfrente fuera del Ayuntamiento el proceso penal por secuestro simulado, aunque la revocación de mandato requiere una solicitud del Ejecutivo estatal y el voto de dos terceras partes de la Legislatura
Alberto Dzib
Habitantes del municipio de Tenancingo acudieron este miércoles a la sede del Congreso mexiquense para exigir la separación del cargo de la presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco, con el argumento de que debe enfrentar fuera de la alcaldía el proceso penal abierto en su contra por el delito de secuestro simulado.
La petición se presenta después de que el pasado 10 de julio, un juez de control vinculó a proceso a Nápoles Pacheco y autorizó una suspensión condicional del procedimiento durante seis meses, resolución que no le impidió continuar al frente del Ayuntamiento y tampoco estableció prisión preventiva.
El denominado Colectivo Tenancingo señaló que la solicitud presentada ante la Legislatura forma parte de las acciones emprendidas para pedir la salida de la alcaldesa, además ha llevado planteamientos ante autoridades federales, informó Javier Calzada, representante de la agrupación, quien aseguró que ésta cuenta con 125 integrantes.
“Lo que estamos exigiendo es la renuncia de Nancy Nápoles Pacheco, entre eso estamos exigiendo que se investigue, queremos que no quede esto nada más entre dichos, que sí se investigue, Nancy ya fue vinculada, pedimos que su proceso lo lleve fuera del cargo”.
El colectivo también planteó que, en caso de concretarse una separación definitiva, se respete el procedimiento para cubrir la Presidencia Municipal y manifestó su respaldo a la suplente electa, aunque una eventual sustitución dependerá de la vía jurídica por la cual se produzca la ausencia de la actual alcaldesa.
El proceso penal deriva de los hechos registrados el 31 de mayo, cuando Nápoles Pacheco denunció haber sido privada de la libertad y afirmó que sus captores exigían 40 millones de pesos, posteriormente la Fiscalía estatal sostuvo que existían elementos para considerar que el secuestro habría sido simulado y ejerció acción penal contra la alcaldesa y otras personas, mientras ella ha rechazado las acusaciones.
La petición ciudadana ante el Congreso no implica por sí misma la revocación del mandato, debido a que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que, cuando el Ejecutivo estatal tenga conocimiento de alguna causa grave prevista en la norma, debe solicitar a la Legislatura la suspensión o revocación del mandato de alguno de los integrantes del ayuntamiento.
Una vez iniciado ese procedimiento, la Legislatura puede aprobar la suspensión o revocación con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y debe garantizar a la persona señalada la posibilidad de presentar pruebas y alegatos, entre las causas previstas se encuentran afectaciones graves al municipio o la colectividad, incumplimientos legales y determinados actos u omisiones que alteren el orden público o la paz social.
En caso de que se determine una falta definitiva de un integrante del Ayuntamiento, la legislación establece que debe llamarse a la persona suplente correspondiente, mientras que si ésta tampoco puede ocupar la vacante, la Legislatura designará a la persona sustituta a propuesta del Ejecutivo estatal.
