La promovente Diana Juárez Sánchez sostiene que fue excluida del proceso para elegir a la representación indígena ante el Ayuntamiento de Toluca y solicitará la suspensión del acto reclamado mientras se resuelve el juicio constitucional
Atenea Rojas
La representación legal de Diana Juárez Sánchez informó que continúa el juicio de amparo indirecto promovido por la presunta violación a los derechos de representación de la etnia náhuatl durante el proceso de elección del representante indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, procedimiento cuya audiencia constitucional está programada para este jueves.
De acuerdo con la parte promovente, el amparo indirecto busca que la autoridad federal determine si durante el proceso de elección se vulneraron derechos humanos relacionados con la participación política y la representación de los pueblos originarios, al considerar que la convocatoria y el desarrollo del procedimiento no respetaron lo establecido por la Constitución y la legislación en materia indígena.
El representante legal explicó que la inconformidad deriva de la convocatoria emitida para la elección del representante indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, la cual, afirmó, fue publicada con el logotipo oficial del municipio, lo que, desde su perspectiva, implica que fue el propio Ayuntamiento quien organizó el proceso, cuando la Constitución reconoce que los pueblos indígenas deben elegir a sus representantes conforme a sus usos y costumbres.
Asimismo, señaló que la convocatoria establecía la posibilidad de elegir un representante indígena por cada etnia en los municipios pluriculturales y multiétnicos, por lo que, Diana Juárez Sánchez, integrante de la etnia náhuatl, presentó su registro para participar como representante de su comunidad, sin embargo, destacó que únicamente se desarrolló la elección correspondiente a la representación otomí, lo que, asegura, constituye una violación a sus derechos, además de actos de discriminación e invisibilización de la comunidad náhuatl.
Ante ello, indicaron que la audiencia constitucional ha sido diferida en varias ocasiones y que este jueves el Juzgado de Distrito tiene previsto continuar con el análisis del caso. Durante la diligencia, adelantaron, solicitarán nuevamente la suspensión del acto reclamado para evitar que los efectos de la elección continúen mientras se emite una sentencia definitiva.
Los promoventes señalaron que esperan que el Poder Judicial de la Federación determine si existieron violaciones a los derechos de participación y representación de la etnia náhuatl y, en su caso, ordene las medidas necesarias para restituirlos.
