El dictamen crea Transparencia Mexiquense dentro de la Secretaría de la Contraloría; MC, PAN, PRI y PRD cuestionaron que la nueva autoridad garante carezca de autonomía presupuestal
Alberto Dzib
La reforma que sustituirá el actual modelo de transparencia en el Estado de México avanzó este martes al pleno del Congreso local, después de que Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo aprobaron en comisiones el dictamen, que a su vez rechazaron Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PRD.
El proyecto plantea expedir nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, además de modificar otros ordenamientos para adecuar la legislación mexiquense a los cambios realizados previamente en el ámbito federal.
Uno de los principales cambios será la redistribución de las atribuciones que actualmente corresponden al Infoem, pues se crea Transparencia Mexiquense como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, con autonomía técnica y operativa, mientras mantiene los procedimientos para solicitar información, presentar recursos de revisión y exigir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
La ubicación de la nueva autoridad dentro de la administración estatal ocupó parte de las críticas de la oposición, pues la diputada de Movimiento Ciudadano Ruth Salinas Reyes sostuvo que la armonización con la legislación federal no obliga al Estado de México a adoptar un modelo que, desde su perspectiva, reduzca las garantías existentes, por lo que cuestionó que Transparencia Mexiquense no tenga autonomía presupuestal.
“La legislatura tiene el deber de armonizar y lo asumimos, el armonizar no es sinónimo de disminuir, la ley general fija eso y no nos obliga a construir el techo más bajo posible de lo que hoy se pretende aprobar, la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales son derechos fundamentales que el Estado debe garantizar”.
Los cuestionamientos también fueron planteados por la diputada del PAN Krishna Romero Velázquez, quien advirtió que el Ejecutivo será sujeto obligado y al mismo tiempo tendrá dentro de su estructura a la autoridad garante, mientras que la legisladora del PRD Araceli Casasola pidió precisar los recursos con los que contará el nuevo órgano para atender las responsabilidades que recibirá.
Desde Morena, el diputado Octavio Martínez Vargas, defendió que el cambio institucional no elimina los mecanismos de acceso a la información ni las obligaciones de los entes públicos, pues estos procedimientos permanecerán y serán atendidos por las autoridades establecidas en el nuevo modelo.
“Tenemos derecho a que los datos personales se protejan, eso es lo que hoy se discute en el marco de estas dos leyes que ha formulado la titular del Ejecutivo del Estado, solamente pasan a otras autoridades para efecto de que provean las solicitudes, hay que seguir obligando a todo sujeto obligado a informar en el marco de la ley”.
La discusión también se dio en torno al costo del sistema, pues el legislador Martínez Vargas señaló que el Infoem contó con un presupuesto de 227 millones de pesos en 2025 y sostuvo que la reorganización permitirá eliminar parte de los gastos asociados con su estructura.
Con el aval de las comisiones, el dictamen será sometido a consideración de la LXII Legislatura durante el periodo extraordinario convocado para este jueves 20 de agosto.
