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- 6 de cada 10 reciben un ingreso salarial insuficiente para sostener a su familia, 4 de cada 10 carecen de seguridad social
El más reciente reporte del Observatorio de Trabajo Digno muestra niveles inaceptables de precariedad laboral para trabajadores asalariados en todas las ramas económicas, incluyendo las más productivas y formalizadas como la manufactura y los servicios.
La inmensa mayoría de quienes trabajan por un salario carecen de representación sindical que defienda sus derechos constitucionales (86%); 6 de cada 10 reciben un ingreso salarial insuficiente para sostener a su familia, 4 de cada 10 carecen de seguridad social (42%), y la mitad trabajan sin contrato laboral estable (52%), todo esto en abierta contradicción con las normas del derecho al trabajo digno establecidas en la Constitución.
La industria manufacturera, junto con el comercio, son los dos sectores con mayor peso en el empleo (35% en conjunto). Son sectores de gran dinamismo y con empresas de alta productividad y rentabilidad. En conjunto aportan el 53% del valor agregado total y el 68% de los ingresos del total de unidades económicas.
En la industria manufacturera, 6 de cada 10 personas con trabajo asalariado (60%) carecen de ingreso suficiente, casi la cuarta parte (23%) carecen de acceso a la salud mediante la afiliación a la seguridad social y más de la tercera parte (35%) carecen de contrato estable. El sector económico con mayor peso en el empleo, la industria manufacturera, mantiene a más de 3 millones 700 mil personas trabajando por un salario que no supera el umbral de pobreza para dos personas, mucho menos para una familia mayor, a casi 1 millón 600 mil sin acceso a la salud de la seguridad social y a más de 2 millones 400 mil personas sin contrato estable.
En el sector de servicios profesionales, financieros y corporativos el de mayor valor agregado y rentabilidad en la economía hay casi 1 millón 600 mil personas trabajando sin salario suficiente, son el 62% del total de su personal y pese a la prohibición de la subcontratación abusiva (“outsourcing”), todavía el 37% de sus empleados (as) carecen de afiliación a la salud y la seguridad social.
La precariedad laboral es predominante en el sector primario (agrícola, ganadero, pesca (forestal) donde 2 de cada 3 personas con trabajo asalariado no ganan lo suficiente para adquirir dos canastas básicas, casi 2 millones de personas (66%). Llama también la atención el sector de restaurantes y hotelería, donde 3 de cada 4 personas que trabajan carecen de salario suficiente para mantener a una familia.
La precariedad laboral también es muy grave en el sector de otros servicios, donde además de carecer de salario suficiente, el grupo principal son las trabajadoras del hogar, donde 8 de cada 10 personas, más de 3 millones, en su mayoría mujeres, trabajan sin acceso a servicios de salud, de cuidado y en general, de seguridad social (83%).
Las micro y pequeñas empresas tienen condiciones de trabajo más precarias que las medianas y grandes empresas. Esto es grave, pues las micro y pequeñas empresas emplean a más de la mitad de las personas con trabajo asalariado y son el 99% de las unidades económicas del país.
Si además se suma a quienes trabajan por su cuenta y las otras condiciones de ocupación más precaria, se puede entender mejor porque urge replantear el modelo de seguridad social que hoy tenemos, que depende de la condición laboral y se ha convertido en la práctica en una prestación laboral, cuando en realidad sus componentes: servicios de salud, cuidado, ingreso para la subsistencia, son derechos humanos.
En los micronegocios el 73% de quienes tienen trabajo asalariado carecen de ingreso suficiente, son 5 millones y. medio de personas; el 84% carecen de seguridad social, son casi 7 millones de personas y el 88% carecen de contrato estable, son 7 millones 200 mil personas.
Las medianas y grandes empresas la situación es mejor, pero no está bien. La dimensión de la precariedad es inaceptable dado que se trata de negocios “formales” con alta rentabilidad, grandes inversiones y concentran la mayor parte de los ingresos en cada sector económico.
En las medianas empresas más de la mitad de quienes tienen trabajo asalariado carecen de ingreso suficiente, son 2 millones 380 mil personas y la cuarta parte carecen de contrato estable, son 1 millón 278 mil personas.
En las grandes empresas, casi la mitad de las personas empleadas carecen de ingreso suficiente (46%), son 2 millones 812 mil personas. Y el 18% carecen de contrato estable, esto afecta a 1 millón 287 mil personas.
Para lograr trabajo digno, y superar la “informalidad” hay que cambiar el modelo de seguridad social cuidados y las demás medidas de protección social del ingreso (pensiones no contributivas, ingreso básico por incapacidad o desempleo)
El modelo de seguridad social condicionado al empleo “formal” excluye a la gran mayoría de la población: a quienes no tienen trabajo, a quienes trabajan por su cuenta o sin remuneración salarial (en negocios familiares, por ejemplo), o a quienes, teniendo empleo, no se les cumple la afiliación obligatoria al seguro social, especialmente en los micro y pequeños negocios que representan más de la mitad de la fuerza de trabajo empleada en el país.
Esta exclusión cierra el acceso a los servicios de salud, a los servicios de cuidado y a los otros componentes de protección al ingreso integrados en la seguridad social (pensiones, pago por incapacidad o maternidad), a más de 14 millones de personas con trabajo asalariado. En total, queda excluida el 62% de la población ocupada, esto es, más de 34 millones de personas, que trabajan, pero sin cobertura de salud por su trabajo.
En México, el sistema laboral está constituido por más de 6 millones de unidades económicas, el 99% de ellas son micro y pequeños negocios. Por su escala, la gran mayoría de estos micro y pequeños negocios no tienen capacidad económica estable para asumir el costo de la seguridad social (y demás disposiciones “sociales” como el Infonavit), al menos no de manera completa y permanente. Además, el sistema laboral también ha permitido lagunas legales y produce incentivos de evasión y violación de derechos laborales incluso por parte de medianas y grandes empresas.
