- Opinión de Cynthia Valeriano López.
Desde la semana pasada, a partir de la decisión de Citibanamex de cancelar la venta directa de más del 70% de sus activos en México, para reformular la propuesta y posponer la decisión de venta hasta el 2025, no hay foro en el que no señale el Presidente López Obrador la pertinencia de tener un banco público y si se puede Citibanamex, mejor aún.
En realidad, no existe impedimento alguno para que el gobierno pueda adquirir esa institución o cualquier otra una vez reunidos tanto los requisitos como el capital necesario, en el peor de los escenarios no será un problema normativo o legal, sino presupuestal, toda vez que una inversión como la ya mencionada, requiere de una aportación de poco más de 5 mil millones de dólares (unos 90 mil millones de pesos aproximadamente, más del presupuesto autorizado para el Estado de México durante el 2023, por ejemplo).
No podemos señalar que la propuesta sea novedosa, de hecho los primeros bancos públicos de primer piso surgieron en la época post revolucionaria, con la finalidad de utilizar parte del presupuesto público para el otorgamiento de créditos para el sector agropecuario, o industrial, siempre que su actividad fuera considerada “estratégica o prioritaria” para el gobierno en turno.
Desde el histórico Banco Nacional de Crédito Agrícola de 1926, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (hoy Banobras), Nacional Financiera (NAFIN, 1934), el Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935) o el Banco Nacional de Comercio Exterior (1937), a todos los une un elemento en común: una parte sustantiva de sus ingresos, son obtenidos a partir del presupuesto público y han contribuido en mayor o menor medida en el crecimiento y desarrollo de sectores económicos diversos, principalmente durante la etapa de industrialización.
Es decir, el gobierno siempre ha jugado con la idea de participar en el sector financiero y ser un jugador activo en la disputa por la captación e inversión de los recursos de la sociedad. Desafortunadamente la historia ha sido cíclica en el paso del gobierno en su calidad de banquero de primer piso, principalmente en aquellos entornos en donde más se necesita, aquellos espacios en donde la iniciativa privada no opera con facilidad debido a los altos costos operativos y los montos del crédito o no son significativos o no existen garantías suficientes para respaldarlos.
El gobierno a partir de la demoledora decisión de nacionalizar la banca en 1982 e intentar operar el sistema financiero durante algunos años, generando una crisis económica profunda y pérdida de confianza de los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, parecía haberse dado cuenta de que, entre sus impostergables e indelegables funciones, no se encontraba la de ser banquero.
El común denominador en la operación gubernamental que desafortunadamente también se traspasa a la bancaria (principalmente cuando se ejerce el poder de forma discrecional y sin contrapesos) se caracteriza por: altos niveles de ineficiencia debido a la falta de experiencia y pericia de funcionarios poco preparados para la tarea asignada, altos niveles de morosidad debido al poco o nulo cumplimiento de medidas de protección y supervisión, poca vigilancia y por ende, altos niveles de corrupción, pocas o nulas garantías de los acreditados y ausencia de mecanismos de amortiguamiento del riesgo, sobre endeudamiento, entre otros, que derivan en una sobre exigencia de recursos y se convierten con el tiempo en una pesada carga financiera para el gobierno, obligándolo a extinguir y liquidar las instituciones al mejor postor.
No es que la tarea de administrar un banco sea una misión imposible o destinada sólo para los iluminados, pero debemos considerar que para que el proyecto tenga éxito, o se utiliza una gran cantidad de recursos públicos en su operación para mantener el alto costo de operación que se requiere (y por ende se desatienden áreas estratégicas del “deber ser” del estado: seguridad, educación, salud, infraestructura pública, etc.) o sé anula la competencia por la vía normativa, lo que repercute en la confianza de los inversionistas y por ende afecta al resto de la actividad económica.
En realidad, el gobierno no necesita un banco, lo que necesita es crear mejores condiciones para alentar la competencia e invitar a que inversionistas nacionales y extranjeros inviertan sus propios recursos en el desarrollo de nuestro país, lo que necesita México y sus emprendedores es un mejor entorno empresarial y una política fiscal (regulatoria e impositiva) amigables con la actividad económica, donde existan estrategias diferenciadas por segmento y región, con mejoras regulatorias que puedan homologarse y con ello reducir el espacio para la discrecionalidad y la corrupción.
El gobierno ya tiene bancos, tiene 9 instituciones que integran la banca de desarrollo, dicho sea de paso, una de estas que otorgaba créditos de primer nivel (de forma directa) al sector agropecuario, pesquero, forestal y rural está en vías de extinción debido a los altos niveles de endeudamiento que hacen insostenible su operación.
Cuenta con un banco del Bienestar, que administra los recursos públicos que son transferidos a los millones de beneficiarios de programas sociales que dispersa cada mes este gobierno, y cuenta también con un banco que le permite captar el ahorro (y principalmente las remesas) de los mexicanos en nuestro territorio y fuera de nuestras fronteras, Financiera del Bienestar (antes Telecomm Telégrafos) que cuenta con una infraestructura de más de 1,700 sucursales en más del 40% de los municipios de alta y muy alta marginación dl país.
Lo anterior, no deja sino espacio para la reflexión, ¿Qué tendría de positivo utilizar el presupuesto público en este tipo de proyectos? Si en el momento más critico de la pandemia, las MIPyMES clamaban apoyos y esquemas de financiamiento suave a dependencias como la Secretaría de Economía o la propia Banca de desarrollo para evitar el cierre, lo que al ser negados provocó la muerte de más de un millón de empresas ¿Por qué hacerlo ahora a punto de dejar el gobierno?.
La posición de poder público en su más alto nivel, sin duda es tentadora, sobre todo cuando se cuenta con legitimidad social y toda la estructura gubernamental, la administración de los recursos de toda la nación y un ejercicio pleno del poder, sin contrapesos sólidos, lo que constantemente lleva a quien lo ejerce, a plantear toda clase de decisiones (y no pocas veces disparates) que ponen en duda, si existe comprensión sobre cuál es el papel que el gobierno debería tener.
